Ultimátum del juzgado a la DGA para dar equipos de protección
La jueza ordena entregarlo en un día al personal sanitario en Zaragoza El sindicato Fasamet también lo solicitará en Huesca y en Teruel
La DGA, el Salud y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales tienen un plazo de 24 horas para dotar a su personal de medios de protección suficientes para lidiar con el coronavirus. Así lo ha decretado este viernes la magistrada del Juzgado de lo Social número 1 de Zaragoza, que ha aceptado la medida cautelarísima propuesta en una demanda por el sindicato médico Fasamet. El ultimátum se restringe a esta provincia, por el ámbito de competencia del juzgado, pero el sindicato ha anunciado que este mismo lunes presentarán sendas demandas en Huesca y Teruel con idéntica petición.
En concreto, la magistrada ordena que el personal al completo (funcionario, estatutario y laboral) sea provisto en 24 horas de batas impermeables, mascarillas con eficacia de filtración FPP2 o FPP3, protección ocular o facial contra salpicaduras (gafas o viseras), guantes, gorros, calzas específicas, hidrogel y contenedores de residuos de diversos tamaños. Un material que deberá llegar a centros sanitarios, socio-sanitarios, sociales y a las unidades administrativas de Salud Pública y Servicios Sociales.
La jueza, analizando la petición de Fasamet, recuerda, como ya han hecho colegas suyos en Madrid o Valencia (cuyas sentencias cita), que «la misma situación se da en todo el país», también en Zaragoza, y que es «público» que «los profesionales del ámbito de la sanidad» están prestando servicios sanitarios «con muchas dificultades para evitar la propagación de la enfermedad y el contagio» entre ellos mismos, «debido a la falta de medios de protección». Y esta, entiende, «es un riesgo no solo para la salud de tales profesionales sino la de los pacientes, los familiares de unos y otros y, en general, la ciudadanía».
Recoge también que «las cifras de contagio entre los profesionales sanitarios» en Aragón «son elevadas» (el 14%, citando a la prensa) y «la administración demandada, como garante de la salud e integridad física del personal sanitario, está obligada a proporcionarles los medios de protección».
LA DGA LO ANALIZA Por todo ello, / la magistrada acuerda la medida cautelarísima solicitada por el sindicato médico, representado por el abogado José Manuel Aspas. Aunque el requerimiento es inmediato, hay un plazo de tres días para interponer un recurso de reposición.
El Gobierno de Aragón no ha haclarado este viernes si lo hará, ya que está «analizando» la resolución, según fuentes del mismo. Estas han recordado que se están haciendo «todos los esfuerzos» para dotar al personal sanitario de protección, recopilando material durante las últimas semanas.
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