Paréntesis en el empleo
Las consecuencias económicas de la pandemia del covid-19 son en este momento imparables. Hasta donde es posible hay que primar las vidas humanas por delante de cualquier otra consideración. Y, a partir de ahí, conseguir que nadie se quede atrás, mutualizar los costes y repartir las penalidades que se derivan de un cese casi total de la actividad económica con las consiguientes consecuencias laborales. Desde el primer momento, el Gobierno de España ha optado por facilitar a las empresas y a los trabajadores la puesta en marcha de los denominados expedientes de regulación temporal de empleo, conocidos como ERTE, que implican una suspensión, total o parcial, pero limitada en el tiempo, de los contratos de trabajo. En un primer decreto se estableció que todas las actividades económicas expresamente limitadas en la declaración de estado de alarma pudieran dar pie a un ERTE «por causa de fuerza mayor», con efectos retroactivos desde la fecha del confinamiento, sin cotizaciones a la Seguridad Social y sin exigencia de cotizaciones mínimas. Este viernes, el Consejo de Ministros ha tenido que reforzar esas medidas excepcionales con otra igualmente atípica: la prohibición de despedir trabajadores o de no renovar contratos temporales por causas vinculadas al coronavirus. Esta resolución se produce después de que los sindicatos denunciaran hasta un millón de despidos de este tipo en la última semana.
Nada de lo que se está haciendo estos días es ortodoxo. En el mismo Consejo de Ministros también se aprobó que los ERTE vinculados a esta causa de fuerza mayor serán aprobados automáticamente para agilizar la tramitación del cobro del desempleo y posteriormente la Inspección de Trabajo hará las oportunas comprobaciones. Con este segundo paquete
Hay que lograr como sea que los esfuerzos que deben hacer trabajadores y empresas puedan ser temporales
de decisiones, el Gobierno deja clara cuál es su intención: que el parón por el coronavirus sea en cualquier caso un paréntesis temporal y se evite siempre que sea posible que se convierta en estructural, en irreversible. El Gobierno deja clara su intención y pone instrumentos para propiciarlo. Con ello facilita las cosas a los agentes sociales responsables. La mayoría de los empresarios están demostrando en estas circunstancias una enorme responsabilidad, circunscribiendo las afectaciones a las caídas de actividad. Por ello, la medida del Gobierno les ayuda también a aislar a los irresponsables, que son minoría. Un esfuerzo que mayoritariamente también están haciendo los representantes sindicales, intentando facilitar todo aquello que es razonable en este contexto. Seguramente, a empresarios y sindicatos todo les resultaría más fácil si se encontrara la manera de dictar alguna moratoria fiscal en estos meses de inactividad. Muchos ayuntamientos y algunas autonomías han anunciado moratorias, pero el grueso correspondería al Estado, que si no lo puede hacer es, entre otras cosas, por la incomprensión que encuentra en algunos estados europeos, no en la Comisión ni en el BCE. La negativa a eliminar la condicionalidad en la autorización de nueva deuda exige a empresas y trabajadores un esfuerzo suplementario que hay que lograr, como sea, que tenga un carácter temporal; ese es el objetivo compartido.