Sánchez rechaza adaptar el cerrojazo a cada autonomía
Enfado entre los presidentes, que piden salvar sectores
Pedro Sánchez se está encontrando con más críticas que aplausos en cada paso que da para tratar de contener la pandemia del coronavirus. Cada medida tiene sus detractores. O llega tarde. O se podría aplicar mejor. O es insuficiente.
El número de reproches que ha acumulado el Ejecutivo en su semana horribilis da para llenar una legislatura entera. Debilitado tras los tropiezos y vaivenes de los últimos días y ante el desasosiego de enfrentarse a un eventual colapso de las ucis de consecuencias dramáticas, el jefe del Ejecutivo hizo frente ayer a la última batería de quejas: las que le plantearon los presidentes autonómicos, disconformes por la aplicación uniforme del decreto que establece el parón de todos los sectores no esenciales.
Los líderes territoriales le reclamaron, durante una reunión de alto voltaje, que el paso de una economía al ralentí a un cerrojazo casi completo se adapte a cada zona. La respuesta fue que no. Sánchez, que admitió que el material sanitario llega con retraso, considera que ahora más que nunca debe primar la unidad de acción y pide lealtad en lugar de ventilar discrepancias a través de los medios de comunicación.
Los presidentes no parecieron hacerle demasiado caso. A las tres de la tarde, cuando comparecieron las ministras María Jesús Montero y Yolanda Díaz para dar cuenta del decreto y de la reunión mantenida con los territorios, los jefes de los ejecutivos regionales se habían despachado a gusto. Uno de los más duros fue el lehendahari, Iñigo Urkullu, que reclamó que el paro de la economía tenga en cuenta las «especificidades territoriales», por ejemplo, el sector industrial en el País Vasco.
En esa misma línea protestó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez-Feijoó. Le preocupan las empresas de envasado de conservas y, además, el presidente gallego reiteró su preocupación por el suministro de material y ha pedido un mayor esfuerzo en las residencias la siderurgia y las metaúrgicas. Isabel Díaz-Ayuso, desde Madrid, pidió directamente un fondo extraordinario no reembolsable de 1.200 millones de euros y defendió permitir la venta ambulante, puerta a puerta, en municipios que no tengan tiendas. El valenciano Ximo Puig planteó que se tenga en cuenta la «diversidad productiva».
Quim Torra, que el sábado salió a reivindicar el cierre de los servicios no esenciales como una victoria propia, reclamó una renta básica y bajadas de impuestos. El andaluz, Juanma Moreno Bonilla, criticó «las formas» y Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, pidió a Sánchez que negocie ante la UE una rebaja de las medidas de austeridad para que sean las administraciones públicas «las que paren el golpe».
Pedro Sánchez les escuchó a todos (la reunión duró más de tres horas) pero no aceptó ajustar el decreto por zonas. «No tiene sentido hacer diferencias de confinamiento entre comunidades autónomas. El coronavirus no entiende de fronteras ni ideologías. No tendría ningún interés que un territorio determinado, que una parte del territorio, tomara medidas en concreto. No podemos hacer ningún tipo de diferenciación de comunidades autónomas», argumentó la portavoz gubernamental y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la reunión.
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El Gobierno cree que debe primar la unidad de acción y pide lealtad a las comunidades