Proteger a los más vulnerables

El confinamiento casi total de la población en España para detener la pandemia del covid-19 conduce a la hibernación de la actividad económica. Y esta parálisis, con cientos de miles de trabajadores incluidos en reducciones temporales de empleo, acaba poniendo en riesgo la supervivencia de las personas. No de los que tienen más, que gozan de un margen para gastar menos o para utilizar los ahorros, sino para los que ya normalmente viven al límite de la supervivencia. El Gobierno ha presentado una batería de medidas paliativas para que estos trabajadores más vulnerables, se calcula que unos 500.000, que podrían verse obligados a dejar de pagar el alquiler o la hipoteca y perderían su vivienda en el momento en que más la necesitan. O que podrían ver en cuestión su solvencia por pagar cuotas a la Seguridad Social o sus impuestos por una actividad que no han podido hacer para ayudar a frenar la epidemia. Las medidas son las adecuadas y llegan cuando la población más vulnerable empieza a sentir las consecuencias de esta crisis que no ha hecho nada más que empezar. El Gobierno cuenta a su vez con el apoyo de la UE, especialmente del BCE y de la Comisión, que han arbitrado el margen necesario para engullir el déficit y la deuda subsiguiente a este primer paquete de apoyo a los más vulnerables. Aunque hará falta más para apoyar la recuperación.

Para que estas medidas logren los objetivos que persiguen hay que conseguir también que su aplicación sea eficaz. Cientos de miles de autónomos han tenido que pagar estos días sus cuotas porque no se ha conseguido eximirles a tiempo. Hay, pues, que acelerar. Y evitar que la burocracia sea un obstáculo más en una carrera que ya será muy difícil por sí misma. Y, al mismo tiempo, hay que velar por el buen uso de los mecanismos previstos y porque los recursos lleguen a quien realmente los necesita. La celeridad de las administraciones será más fácil si nadie intenta el fraude. Siempre que, también, los propios políticos eviten hacer farragosos los trámites antes que intentar sacar rédito político a lo que es, simplemente, un ejercicio de justicia en tiempos de dificultad.

La urgencia de los acontecimientos

Sin un contrato social entre administraciones, trabajadores y empresas no se podrá mantener ni recuperar el pulso económico

exige actuaciones inmediatas pero su sostenibilidad en el tiempo demanda de un gran contrato social, renovado a las circunstancias actuales. Esa fue la gran carencia de la salida de la crisis del 2008. Ahora, más que necesario, es imprescindible. Y ese contrato social debe empezar en las mismas empresas para repartir equitativamente los costes de esta hibernación, asegurando la pervivencia y la viabilidad de las compañías en el escenario de una gran contracción económica sin precedentes y reforzando la confianza entre patronos y trabajadores. Sobre esa base, la labor del Gobierno, que también debe buscar el consenso político, será sin duda más fácil. Un gran acuerdo social y político en España haría más creíble y más fuerte al Gobierno a la hora de defender una mayor solidaridad europea. Sin confinamiento no se para la pandemia, pero sin consenso no se recuperará el pulso económico.