Judicializar el virus
No es imposible que tras el apocalipsis del coronavirus solo pervivan los abogados (y los políticos, claro). Otras especies laborales habrán visto afectados sus hábitats o se habrán extinguido. Los bufetes, sin embargo, seguirán desbordados de trabajo. Solo con las denuncias interpuestas al Gobierno español tienen tajo para otra legislatura.
No pasa día en que un abogado o una Asociación de letrados no impulse una nueva querella contra el presidente Sánchez, contra su atribulado ministro de Sanidad (Illa), contra su imperturbable ministro del Interior (GrandeMarlaska) o contra su impasible director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias (Simón).
Hacia ellos, en apenas un par de semanas de crisis sanitaria, se ha levantado una batería de querellas argumentadas en la comisión de supuestos delitos: omisión del deber de socorro y prevaricación (Asociación de Abogados Cristianos); lesiones y homicidio imprudente (CSIF); prevaricación por permitir las manifestaciones del 8M que teóricamente deberían haber sido prohibidas tras las advertencias de la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Europea (varios querellantes); más una última denuncia, también por homicidio imprudente, interpuesta por la Asociación Profesional de la Guardia Civil tras la muerte estos
Solo con las denuncias interpuestas al Gobierno español, los bufetes de abogados tienen tajo para otra legislatura
días por covid-19 de cuatro de sus agentes.
Desde Madrid, el virus legal comienza a extenderse a comunidades autónomas. El Tribunal Superior de Valencia tramitará una denuncia contra el presidente valenciano, Ximo
Puig, la delegada del Gobierno, Gloria Calero, y otros cargos por supuesta prevaricación, causa de lesiones y homicidio imprudente al no haber cancelado la manifestación del 8-M.
Es solo una cuestión de tiempo que la pandemia jurídica colapse el sistema judicial español. Toda aquella familia o colectivo que haya sufrido perjuicios susceptibles de haber sido evitados o, al menos, reducido, se considerará con derecho a demandar a las administraciones alguna compensación por sus pérdidas o daños. Familiares de cada sanitario caído en la batalla, sindicatos y partidos inundarán bufetes, tribunales… Lo que mal empieza...
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