Plan anticolapso judicial
El Consejo General y el ministerio trabajan ya para evitar la saturación de las jurisdicciones más afectadas como consecuencia del coronavirus
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia, la fiscalía, las comunidades autónomas con competencias, los funcionarios, los colegios de abogados y de procuradores, los notarios y los registradores… Que tantos participantes se coordinen para que la justicia responda ante la situación generada por la pandemia del coronavirus y tener prevista una estrategia para cuando todo acabe no parece una empresa fácil. Pero, de momento, da la impresión que se está logrando, porque la única crítica, al menos visible, que se ha producido es la de los seis sindicatos mayoritarios de funcionarios contra el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes.
El órgano de gobierno de los jueces, del que dependen disciplinariamente, pero en cuya actividad jurisdiccional no puede inmiscuirse, se mostró muy activo los primeros días de confinamiento, a través de su comisión permanente, al ir dando diversas instrucciones sobre la aplicación de los servicios esenciales que corresponden a la justicia, que básicamente consisten en asistir a los detenidos, los presos y los casos de violencia de género, así como las diligencias relativas a derechos fundamentales.
Entre ellos han sobresalido las reclamaciones en lo Social de sanitarios, pero también de policías y hasta de fiscales, que se han registrado en toda España para exigir a las distintas administraciones unas medidas de protección que escasean en todo el mundo.
Para poder prestar los servicios esenciales resulta imprescindible la asistencia presencial de algunos funcionarios, y ahora todos, independientemente de la comunidad autónoma en la que trabajen, están bajo el control de Justicia, tras la entrada en vigor del estado de alarma. Para ello el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, preside la mesa de coordinación que reúne a todas las administraciones y organismos involucrados.
Su reunión del viernes llegó después del rapapolvo que el CGPJ había dado a Andalucía y a Canarias por no garantizar el número suficiente de funcionarios a ojos de su respectivo Tribunal Superior de Justicia. Esa advertencia es la que provocó el comunicado conjunto de los seis sindicatos mayoritarios en la Administración de Justicia en el que tildan a Lesmes de «despótico» por extralimitarse y obligar a los funcionarios a ir al juzgado, mientras aconseja teletrabajar a los jueces.
En cambio, todas las asociaciones judiciales se ponían a disposición de Lesmes para colaborar en el plan de actuación en el que ya se trabaja para evitar el colapso del servicio público cuando se vuelva la normalidad. Justicia se ha comprometido a que esté en marcha antes de transcurridos 15 días tras levantarse el estado de alarma. Se centra en las jurisdicciones más afectadas por la crisis: las de lo Social, Contencioso y Mercantil, por los despidos, ERTE y concursos que se han producido.
☰