El Banco de España avisa de que vigilará los avales del ICO
La banca se compromete a ser rigurosa, como le exige el supervisor
Los avales públicos de 100.000 millones de euros para créditos a empresas y autónomos aprobados por el Gobierno hace 22 días constituyen una de las principales medidas para paliar los efectos económicos del coronavirus. De su correcta aplicación depende, además, su futuro impacto en las cuentas públicas. Por ello, y en un gesto poco habitual, el Banco de España aprovechó ayer su puesta en marcha para advertir a las entidades financieras a través de las que se canalizarán los avales del ICO de que va a vigilar de cerca cómo los conceden.
El supervisor juzgó «de vital importancia para la economía» que los avales sean comercializadas «en estricto cumplimiento tanto de las condiciones y requisitos fijados en la normativa que los regula como de los criterios de buenas prácticas bancarias». A tal efecto, reclamó a los bancos que la «aprobación y difusión en su red de los correspondientes protocolos de comercialización se ajuste a dichas condiciones y que establezcan los sistemas de control interno necesarios para garantizar en todo momento el cumplimiento de los requisitos aplicables». En la misma línea, advirtió de que «verificará dichos protocolos y procedimientos, y efectuará, en su caso, la revisión de operaciones concretas a fin de comprobar su adecuación a la normativa de aplicación».
En las últimas / semanas, el organismo gobernado por Pablo Hernández de Cos viene instado a las entidades a ser muy rigurosas en la aplicación de las garantías. El supervisor espera que el sector cumpla su compromiso de mantener y renovar las líneas de crédito abiertas a empresas hasta septiembre. Al mismo tiempo, está vigilante para que los bancos no intenten incluir créditos morosos en la línea de avales, algo que está expresamente prohibido. Asimismo,
la institución les ha aconsejado que no traten de aprovechar la ocasión para ofrecer a los clientes contratar otros productos (venta cruzada).
Antes de su comunicado, el sector se comprometió, vía sus patronales -AEB (bancos), CECA (cajas de ahorro) y UNACC (cooperativas de crédito)-, a actuar de forma correcta. En una nota conjunta, afirmaron que sus asociados han dado «instrucciones a su red de oficinas para asegurar una aplicación rigurosa del contenido» de la línea y que «entre otros aspectos, se ha clarificado que la concesión de un crédito amparado por esta línea de avales no puede estar vinculada en ningún caso a la contratación de otros productos».
La AEB y la CECA también anunciaron que sus integrantes, como ya adelantó este diario, han creado una moratoria hipotecaria para personas que no cumplan los criterios para beneficiarse de la aprobada por el Gobierno para colectivos vulnerables, además de una moratoria en los créditos al consumo. El aplazamiento será de hasta 12 meses en el pago del capital (no de los intereses y demás costes) de la hipoteca sobre la primera vivienda de personas afectadas «económicamente» por la pandemia que lo soliciten y de hasta seis meses en los préstamos personales.
No precisaron unos criterios para beneficiarse de la medida y, según fuentes del sector, en principio no se hará. Con ello, cada banco decidirá a quién concede la moratoria y por cuánto tiempo. También de qué manera, ya que «se instrumentará, según los casos y en función del criterio de la entidad, mediante un préstamo personal, una modificación del préstamo hipotecario u otra fórmula financieramente equivalente».
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