El virus rompe el turismo
El Ejecutivo relaja el marco laboral para paliar la falta de mano de obra en las labores agrícolas Los desempleados podrán combinar ciertos subsidios con el empleo que realicen en el campo
El sector en Aragón se pone como meta captar al visitante de proximidad para salvar empresas
El Gobierno aprobó ayer en su Consejo de Ministros una batería de medidas para encontrar las manos necesarias para trabajar el campo en los actuales tiempos de pandemia. El confinamiento decretado en todo el país y las restricciones a la movilidad fruto de una epidemia global han obligado al Ejecutivo a poner en marcha incentivos para unos empleos vitales para garantizar la cadena alimentaria, pero pagados mayoritariamente a precio de salario mínimo. Y para ello ha ido a buscar entre las personas de origen inmigrante que ya están en el país y los parados, tal como desgranó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
El detalle de las medidas definitivas, que el ministro justificó como «respuestas extraordinarias ante situaciones extraordinarias», dependerá del redactado final del BOE. Uno de los criterios que sí ha avanzado es que para acogerse a este nuevo paquetes de medidas, los agricultores deben primar la contratación de proximidad, para evitar así grandes desplazamientos de gente por motivos laborales.
Entre 75.000 y 80.000 temporeros tiene calculado el Gobierno que hacen falta para asegurar la recogida de las cosechas lo que queda de año. Para conseguirlos, el departamento liderado por Planas planteó inicialmente, tal como recoge uno de los últimos borradores del real decreto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, extender dicho permiso de trabajo extraordinario a «jóvenes inmigrantes no acompañados en edad laboral», lo que incluía a las personas con 16 años o más. Sin embargo, en la rueda de prensa, Planas excluyó a dicho colectivo y especificó que podrán a coger explicación se a dicho permiso los «jóvenes extranjeros de 18 a 21 años» con permiso de residencia no lucrativa. La fórmula de habilitar la contratación de menores extranjeros no acompañados ya ha sido planteada anteriormente por algunas asociaciones de agricultores.
ESTIMACIONES Planas estimó inicialmente que España necesitaría entre 100.000 y 150.000 trabajadores las próximas semanas. Finalmente y tras consultar con las patronales agrarias, Planas matizó también dichos números durante su intervención pública y redujo la demanda estimada de profesionales entre 75.000 y 80.000 personas, que en Aragón podrían ser unos 20.000 según los cálculos sindicales. La
Entre los trabajadores que ▶▶ pueden optar a estos empleos agrarios figura que también podrán acogerse los autónomos en cese de actividad por el covid-19. Sin embargo, y pese a la petición explícita de algunos sindicatos, se quedarán excluidos los trabajadores involucrados en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). que ofreció fue que, inicialmente, ese cálculo de hasta 150.000 temporeros no se refería a personas, sino a contratos. Y como una personas puede sumar más de un contrato, la cifra final de ocupados requeridos a disminuido.
Para paliar esa falta de mano de obra, el Gobierno tiene previsto «flexibilizar», tal como argumentó el ministro, el marco laboral y permitir fórmulas de contratación hasta ahora no contempladas. Una de estas es prolongar todos aquellos permisos de trabajo de personas de origen inmigrante, que ya tuvieran previamente permiso de residencia y cuya autorización para acceder a un empleo en suelo español venciera entre la declaración del estado de alarma y el 30 de junio.
Para ellos, los ministerios de Agricultura e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han habilitado una renovación de los permisos hasta que venza el contrato laboral que les vincula a la cosecha. Una vez finalice dicho contrato, las personas beneficiarias se quedarán de nuevo sin permiso de trabajo.
REDACCIÓN FINAL El Gobierno / también incentivará que los agricultores recluten jóvenes de origen extranjero. Concretamente aquellos que carezcan de permiso de trabajo, pero sí de residencia y tengan entre 18 años y 21 años; según explicitó Planas. El ministro no avanzó que sucederá cuando la campaña de la recogida finalice y habrá que esperar al redactado final del BOE.
No obstante, en los términos planteados en el borrador, este durará lo que dure el contrato, y fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señalaron que «en ningún caso consiste en una regularización». En todo caso, la urgencia de estas medidas es más evidente cada día que pasa, pues la fruta está a punto de madurar en los árboles.
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