El colapso de ERTE se desatasca por silencio administrativo positivo
La DGA resuelve por esta vía la mayor parte de expedientes y solo hay tres en Inspección
Los servicios públicos de empleo, tanto estatales como autonómicos, están digiriendo poco a poco la avalancha de los ERTE presentados por las empresas aragonesas para amortiguar el estado de alarma del coronavirus. El colapso administrativo que sufre el Gobierno de Aragón, debido al elevado volumen de trabajo surgido en un corto periodo de tiempo, empieza a desatascarse, pero gracias en gran medida a la resolución en tromba de expedientes de fuerza mayor por silencio administrativo positivo, es decir, que se da por aceptado cuanto la autoridad laboral no responde en plazo.
Debido al elevado volumen existente, la mayor parte de los expedientes están viendo la luz por este vía. Lo que debería ser algo excepcional se ha convertido en la norma, aunque esto no está siendo de momento motivo de conflicto por posibles fraudes, ya que apenas hay denuncias.
Aunque la DGA no ofrece datos sobre cuántas solicitudes se han validado por silencio administrativo positivo, al Servicio Estatal de Empleo Público (SEPE) llegaron el pasado martes 1.700 resueltos bajo esta fórmula.
Este organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que gestiona las prestaciones de paro, también se ha visto saturado. Esto ha hecho que los afectados por los primeros ERTE autorizados a finales de marzo vean retrasado el pago del desempleo hasta el 10 de mayo, un mes más tarde.
No / obstante, el tapón de expedientes acumulado en el SEPE también ha comenzado a desbloquearse por la intensificación de la actividad. En solo una semana –hasta el pasado martes–, el antiguo Inem ha completado la gestión para el abono de prestaciones a 4.000 trabajadores en Zaragoza. El director provincial del SEPE, Fernando de Miguel, confió en «acelerar» este proceso para conseguir que todos o el mayor número posible de afectados pueda cobrar en plazo. Para lograr ese objetivo, el organismo no va a descansar ni siquiera en Semana Santa. Los funcionarios que voluntariamente se ofrezcan seguirán trabajando estos días para tratar de desatascar la abultada carga que soporta el servicio.
«La plantilla está comprometida y está haciendo un gran esfuerzo para que nadie se quede sin paro. Haremos todo lo posible», destacó. El SEPE también va reforzar este mes la plantilla en Zaragoza con la contratación de 18 personas.
La lentitud con que se están tramitando las suspensiones de empleo sobrevenidas por el covid-19 ha sido motivo de crítica entre las organizaciones empresariales. El propio Justicia de Aragón, Ángel Dolado, se ha hecho eco de ello y ha pedido al Gobierno de Javier Lambán que se refuerce para agilizar estos procesos.
La Dirección General de Trabajo de la DGA no ha permanecido impasible y ha tomado sus medidas hace ya días. El refuerzo de personal ha sido potente. Un total de 162 funcionarios del departamento de Economía están dedicados ahora a tramitar los ERTE, un tarea que antes de esta crisis hacían siete personas.
Además, la DGA amplió de cinco a diez días el plazo para la autorización de los ERTE por fuerza mayor, que suponen más del 90% de los que presentan las empresas por el covid-19. Cabe recordar que los expedientes de causas organizativas y de producción no requieren el plácet de la autoridad laboral, solo se notifican.
A pesar de que / la mayoría de los ERTE de fuerza mayor se están autorizando por silencio positivo, no hay indicios de que esto se esté convirtiendo en un coladero de expedientes fraudulentos. Los sindicatos se mantienen vigilantes y también la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), que si detecta o recibe una denuncia por abuso realiza comprobaciones de acuerdo con la autoridad laboral. Hasta ahora en esta situación solo se encuentran tres casos en Aragón, un cifra ínfima teniendo en cuanta los miles de procesos que se están tramitando.
No obstante, desde la Inspección recuerdan que la norma permite «un control a posteriori» para evitar el fraude por la inclusión en la suspensión de empleo de trabajadores que no prestaban servicio, por el posible mantenimiento de la actividad a pesar de aplicar un ERTE o para valorar la existencia real de causa y su correspondencia con las medidas adoptadas. Para estos supuestos se articularán los mecanismos de coordinación y detección adecuados con la autoridad laboral.
Para realizar ese control, se realiza un cruce de bases de datos con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Y en caso de que se esté trabajando y simultaneando con un ERTE, la Inspección actúa de forma inmediata cuando tiene conocimiento.
Igualmente los representantes de los trabajadores pueden impugnar la decisión empresarial de aplicar un expediente, especialmente por causas organizativas, cuando no hay acuerdo y consideran desproporcionada su aplicación. De momento, los ERTE de este tipo no pactados son algo muy excepcional.
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