El agujero en las cuentas públicas aragonesas
Las administraciones públicas están empezando a diseñar la reconstrucción de un país y de unas comunidades autónomas que van a quedar muy dañados en lo social y en lo económico tras la abrupta irrupción del covid-19. Este virus en apenas tres meses ha sacudido los cimientos del país con una agresividad nunca antes vivida por las generaciones vivas, salvo para aquellas que tienen un vago recuerdo de las guerras civil y mundial y los duros años posteriores.
Todas las previsiones económicas, como las formuladas recientemente por el FMI y el Banco de España, pronostican una caída del PIB nacional y un aumento del paro como no se recuerda. La fuerte aportación de dinero público que se ha tenido que inyectar para hacer frente al enorme gasto sanitario y las compensaciones por el aluvión de ERTE y el parón absoluto de la actividad económica es solo la primera de las que va a tener que aportar la Hacienda pública en los próximos meses. También la aragonesa, que ya está trabajando en ese plan de reconstrucción con un grupo de expertos y un celebrado espíritu de consenso entre las fuerzas políticas y los agentes sociales de la comunidad. A falta de conocerse con más detalle la composición de las mesas técnicas (y ahí el Gobierno de Aragón debería aplicar una absoluta transparencia para que se conozca ya el equipo) y las políticas, hay una evidencia palpable: faltan recursos económicos para asumir todas las fallas que ha dejado en el tejido producitov, y que va a dejar, esta pandemia. El consejero de Hacienda, Carlos Pérez
Anadón, dio un dato en la comisión celebrada el pasado lunes en las Cortes que es francamente desalentador: el Gobierno de Aragón ha dejado de ingresar en tan solo un mes de confinamiento 25 millones de euros de ingresos. Una tónica que se va a repetir en los próximos meses debido a la falta de actividad económica y a las obligadas exenciones y aplazamientos que se han tenido que aplicar forzosamente para no ahogar aún más las maltrechas economías domésticas.
Dejando al margen las posiciones políticas que en el legítimo debate parlamentario plantean los grupos sobre la forma de reactivar la economía pública para impulsar la privada, es evidente que hay un problema de compleja resolución: ¿quién rescata al rescatador? Para ello no hay fórmulas mágicas y, en el caso de que haya parches balsámicos, estos deben venir de administraciones supraautonómicas como el Gobierno central y la Unión Europea. La primera está tan malherida como la aragonesa o más, y a todas luces se antoja insuficiente el anticipo de más de mil millones que aportará a Aragón de diversos conceptos y anticipos sin que ni siquiera se conozca todavía con detalle si computarán como deuda.
Por tanto, solo la segunda tiene la posibilidad de insuflar el oxígeno financiero que necesitan dos de sus socios y sus respectivas comunidades y regiones: España e Italia. La negociación será dura, exigirá de la suficiente habilidad diplomática y no está claro que los miembros del norte estén por la labor. Pero es determinante para que las arcas públicas aragonesas puedan aliviar, en parte, el desastre en el que nos ha sumido el covid-19.
Hay un problema de compleja resolución: ¿quién rescata al rescatador? Para ello no hay fórmulas mágicas ni parches balsámicos