¿Quién paga la factura?
El Comité Olímpico Internacional y la organización de Tokio no se ponen de acuerdo sobre quién debe asumir los 2.600 millones del aplazamiento
Un enredo protagonizado esta semana entre el Comité Olímpico Internacional (COI) y la organización de los Juegos de Tokio 2020 ha dejado en el aire dos preguntas delicadas: cuánto costará el retraso de los Juegos y quién pagará la factura. Determinar el impacto económico que tendrá el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio hasta el verano de 2021 es una de las tareas que más apremian a los organizadores dentro de una larga lista de deberes que apenas han comenzado a abordar, y que a su vez está condicionada a la resolución previa de otras cuestiones.
Varios cálculos sitúan en torno a 300.000 millones de yenes (unos 2.600 millones de euros o 2.900 millones de dólares) el coste de mantener un año más las instalaciones especialmente construidas para los Juegos y de reorganizar las aproximadamente 46.000 reservas hoteleras para personal invitado a los Juegos.
El retraso acarreará a Japón pérdidas adicionales por valor de 220.000 millones de yenes (1.890 millones de euros, 2.040 millones de dólares) por las oportunidades de negocio perdidas al no celebrar los Juegos dentro de lo previsto, según un estudio del economista Katsuhiro Miyamoto, profesor emérito de la Universidad de Kansai.
La última versión del presupuesto para Tokio 2020, aprobada antes de que se decidiera el cambio de fechas por la pandemia, ascendía a 1,35 billones de yenes (11.600 millones de euros, 12.570 millones de dólares), financiados en su mayor parte por fondos públicos nipones y aportaciones privadas, más una contribución menor del COI.
Según la versión nipona de los hechos, el COI aceptó a mediados de marzo posponer los Juegos un año a petición del primer ministro nipón, Shinzo Abe, y ambas partes dejaron pendiente la espinosa decisión de cómo repartirse el coste del aplazamiento. Por eso, los responsables de Tokio 2020 expresaron su malestar cuando el COI publicó el pasado lunes en su web un artículo según el cual Abe «había acordado que Japón continuará cubriendo los costes previstos bajo los términos del acuerdo existente» y pidieron una rectificación del organismo internacional. Un texto eliminado horas después pero que creó malestar en el comité organizador.
El contrato firmado por Tokio en el 2013 como sede olímpica estipula que debe ser la parte nipona la que asuma los costes de la organización, obligación que en teoría sigue vigente por haber sido el Gobierno japonés el que propuso oficialmente cambiar las fechas, y siempre que ambas partes no acuerden un reparto distinto. Pero al tratarse de una situación excepcional, las autoridades niponas confían en que el COI «asuma también su papel» a la hora de lidiar con los gastos, según dijo la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, en declaraciones a medios locales. La factura sigue en el aire.
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