Nervios en el Gobierno por el rechazo a ampliar la alarma
Urkullu, Feijóo, Torra y Moreno dicen que la prórroga está injustificada Sánchez se vuelca para persuadirlos con 16.000 millones y «cogobernabilidad»
El Gobierno se vuelca a contrarreloj para intentar aprobar el miércoles en el Congreso la nueva prórroga del estado de alarma, pero de momento no tiene asegurado que la votación salga adelante. Ni el fondo de 16.000 millones de euros que destinará a las comunidades, ni el compromiso de «cogobernanza» con las autonomías ofrecidas este fin de semana para reconducir a los partidos hacia el apoyo a la ampliación parecen suficientes. El resultado continúa en el aire. ERC y PNV, las dos formaciones clave que Pedro Sánchez necesita para no quedar en manos del PP, siguen inclinadas a no avalarle y tomarán previsiblemente la decisión hoy en sus ejecutivas. De momento, el presidente no parece haber persuadido a líderes autonómicos esenciales con los que se reunió ayer por octava vez telemáticamente desde el inicio de la pandemia, como el lendakari, Iñigo Urkullu (PNV).
Incluso el PP, que hasta ahora ha apoyado todas las prórrogas, deslizó la advertencia de que quizá deje de hacerlo: el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el andaluz, Juanma Moreno Bonilla, ambos populares, se mostraron en contra de alargar el estado de alarma a pesar de que la Moncloa insiste en que no hay alternativa. Los nervios van en aumento y los contactos gubernamentales discretos continuarán en las próximas horas para tratar de recuperar a los aliados que apoyaron la investidura. «El estado de / alarma ha funcionado y en la etapa de desescalada es imprescindible mantenerlo», repitió el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Explicó que en la desescalada el Gobierno hará reuniones técnicas y políticas de forma bilateral con cada autonomía para analizar el paso de fase. La orden ministerial concreta que la decisión, aunque se «procurará que sea consensuada», en caso de desacuerdo «la adoptará» el Ministerio de Sanidad.
La titular de Hacienda, María
Jesús Montero, concretó que los 16.000 millones del fondo destinado a las comunidades constituye la mayor inyección que jamás han recibido los territorios. Y comprometió que 6.000 se liberarán de forma inmediata, mientras que el resto se transferirá en el segundo semestre. Nada pareció contentar a los presidentes, que sitúan a Sánchez en una posición vulnerable.
Urkullu solicitó que se reformule la gestión de la crisis y que «se replantee la aplicación de la legislación de excepcionalidad». Pidió volver a la legalidad habitual y respeto al autogobierno.
Quim / Torra reclamó reformular el estado de alarma, permitiendo excepciones en el caso de Cataluña o bien la recuperación de competencias autonómicas. De no ser así, apostó por que el JxCat y ERC rechacen la prórroga. En la ampliación actual, los republicanos se abstuvieron y los posconvergentes votaron en contra con Vox y la CUP. Ahora, el partido de Oriol Junqueras sopesa seriamente pasarse al no. Lo discutirán en su ejecutiva hoy, pero fuentes republicanas sostienen que los partidarios de alejarse de Sánchez van ganando peso.
Hasta ahora el PP ha votado a favor de todas las prórrogas, a pesar del durísimo discurso de Pablo Casado. Sin embargo, el líder conservador ha evitado confirmar si volverá a respaldar la ampliación y los mensajes trasladados ayer por los presidentes gallego y andaluz ahondaron todavía más la preocupación en la Moncloa. Núñez Feijóo consideró «desproporcionado» el uso del estado de alarma y cuestionó la idea de cogobernanza. Moreno Bonilla estimó que el estado de alarma «no tendría ya sentido».
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Las líneas de avales «han servido» para cerrar 265.841 operaciones, detalló Montero, de las que el 98 % han sido para las pymes y los autónomos. El Estado, dijo, ha avalado ya en total 26.816 millones y ha inyectado 35.227 millones al conjunto de estas empresas.
Una vez se habilite el tramo, se habrá consumido ya más del 60% de los 100.000 millones de euros del programa de ayuda de financiación a las empresas. Esta línea está gestionada por el ICO, en colaboración con las entidades financieras, las cuales asumen el coste del aval, que se sitúa en un rango de entre 20 y 120 puntos básicos.
Por último, la ministra de Hacienda señaló que el Estado ha avalado en total 26.816 millones de euros e inyectó 35.227 millones a empresas a través de las líneas de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) aprobadas para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas del Covid-19.
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