Tres millones de magrebís no podrán cruzar España este año
El Gobierno no ve una solución que permita la operación Paso del Estrecho Marruecos no abre hasta el 10 junio, y España pide 15 días de cuarentena
Todas las previsiones que manejan especialistas implicados en la anual operación Paso del Estrecho (OPE) indican que este año 3,2 millones de magrebís, principalmente de Marruecos, no podrán atravesar este país para pasar sus vacaciones en su tierra de origen.
Ninguna de las fuentes consultadas ve posible admitir la entrada normal de tal contingente de viajeros de los que no se podría saber si están o no infectados por el coronavirus. Una OPE 2020 «es imposible antes de finales de julio», indican ejecutivos relacionados con la organización del tránsito. Ni tampoco ven aconsejable emprender una operación logística de transporte marítimo y tráfico rodado de semejante envergadura en plena pandemia.
Las dificultades y riesgos son muchos, aunque fuentes del Ministerio del Interior aseguran que, a pesar de todos, se está meditando una OPE 2020 «en coordinación con las autoridades marroquís, pero sujeta a la contención del virus y condicionada a la protección de la salud».
Ya el 30 de abril, en una de las ruedas de prensa cotidianas de la Moncloa, la secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rallo, admitió que «hay mucha incertidumbre para saber cómo se va a desarrollar» la OPE 2020. Diez días antes, y ante los mismos atriles, el comisario principal de la Policía Nacional José Antonio García Molina ya adelantó que la operación estaba «en el aire».
Y ahí sigue. El coronavirus / impone su realidad. A 22 días para el habitual comienzo del éxodo vacacional de los emigrantes norteafricanos, que habitualmente comienza el 15 de junio, en Interior no dan por seguro que para entonces hayan podido decaer las actuales restricciones a la entrada de extranjeros en España. La principal, la obligación de cuarentena de 15 días al llegar al país.
«Se están ponderando diferentes soluciones», indican en Interior. Una de ellas podría ser un puente aéreo con Rabat y Argel desde Francia, Bélgica y Holanda, principales países emisores de los viajeros de la OPE, pero resulta inabordable por la situación de las empresas del sector.
Mantener el tráfico por tierra implica la difícil tarea de definir áreas de descanso en carretera, por ejemplo, en las que es casi imposible mantener la distancia de seguridad. Supone también exponer a miles de trabajadores públicos al contacto con los transeúntes. O el riesgo de que un rebrote o detección de un contagio en puerto deje atrapados a miles de viajeros en España.
Cabe solo la posibilidad, admiten algunas fuentes, de un tránsito muy limitado. En el Gobierno hay un especial interés de dos ministerios, Interior y Exteriores, de mantener las buenas relaciones con Marruecos, cuya utilidad se ha reflejado en dos recientes golpes policiales al yihadismo en Barcelona y Ciudad Real.
Tampoco el interlocutor al otro lado del Estrecho está muy convencido de si le conviene admitir una gran cantidad de visitantes procedentes de los focos de contagio urbanos del norte de Europa. Los datos epidemiológicos no ayudan. Bélgica es de los países más castigados por el coronavirus. Marruecos no saldrá del estado de emergencia sanitaria y su confinamiento hasta el 10 de junio, según anunció su Gobierno el 18 de mayo.
El 17 de marzo,el reino alauí cerró sus fronteras, y solo el pasado día 20 admitió el retorno de 200 marroquíes que se habían quedado en Melilla y que dormían en la plaza de toros. Su último dato de evolución de la epidemia presenta 7.332 casos diagnosticados y 197 fallecimientos.
Desde 1996, año en que se pusieron en marcha las OPE, el número de transeúntes norteafricanos no ha dejado de crecer. En el 2018 fueron 3.241.679 los que cruzaron la Península, a bordo de 734.240 vehículos. En el 2019, 3,34 millones de personas y 760.000 vehículos. La OPE tiene dos fases: la de salida, entre el 15 de junio y el 15 de agosto, y la de retorno, del 15 de julio al 15 de septiembre.
Tras los Pirineos, ese contingente se dirige a nueve puertos (Algeciras, Tarifa, Málaga, Motril, Alicante, Almería, Ceuta y Melilla) tras un trayecto que supervisan 21.000 trabajadores públicos, de guardias de Tráfico a traductores, voluntarios de Protección Civil o sanitarios de Cruz Roja.
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