La crisis de López Cobos
Cuando la desescalada de la pandemia cumple sus plazos con normalidad es cuando, paradójicamente, el Gobierno se ve envuelto en más polémicas. Al lío en que se metió el Ejecutivo con el pacto con Bildu para la derogación íntegra de la reforma laboral del PP le sucede ahora una crisis de calado en las relaciones con la Guardia Civil, a raíz del cese del coronel Diego López de los Cobos y de la posterior dimisión del director adjunto operativo (DAO), Laurentino Ceña. Este se iba a jubilar en pocos días, pero ha querido expresar con su renuncia su protesta.
Solo después de esta dimisión salió a dar explicaciones el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en una comparecencia que no estaba prevista. Se limitó a decir que la destitución se enmarcaba en la normalidad de la reorganización de los equipos directivos. No suena muy creíble y parece evidente que el cese se produce por la pérdida de confianza a raíz del informe que guardias civiles al mando de De los Cobos entregaron a la jueza Carmen Rodríguez Medel, que investiga a instancias de un particular la posible comisión por parte de cargos políticos o sanitarios de algún delito por permitir la manifestación feminista del 8-M en Madrid y su hipotética influencia en la expansión del virus. El informe ha servido ya para imputar por presunta prevaricación al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
El informe está plagado de inexactitudes, errores, opiniones sesgadas, medias verdades, supuestas noticias ya desmentidas y deducciones aventuradas, por lo que esta falta de rigor justificaría sobradamente la pérdida de confianza por parte del ministro. Un ministro que tendría que haber explicado antes de la dimisión del DAO lo ocurrido con el informe de la Guardia Civil y no esperar a que la crisis creciera tanto. Con una gestión más que discutible, Marlaska ha conseguido el enfado de los jueces, de las asociaciones judiciales y, de nuevo, las críticas desmesuradas de la oposición, con el PP diciendo que el Gobierno «autoritario» se quita de encima a quien no le gusta.
Hay razones para sospechar de una operación mediático-judicial con un estilo de sobras conocido y para convertir actuaciones de las autoridades sanitarias más o menos afortunadas en posibles delitos. El informe hace afirmaciones como mínimo arriesgadas sobre la presunta responsabilidad del doctor Fernando Simón o del ministro Salvador Illa en las advertencias que hicieron o no y en los conocimientos que tenían o no sobre la peligrosidad de la pandemia antes de que la declarara la OMS. Y pese a los forzados reconocimientos públicos que el ministro ha hecho sobre López de los Cobos, hay argumentos de peso para el relevo.
Pero cuando la Guardia Civil actúa como policía judicial debe informar a la justicia, y un ministro como Marlaska, juez de profesión, conoce los límites a la actuación gubernamental con un caso judicializado. El Gobierno no puede entrometerse en un procedimiento judicial y actuar igual que criticó al PP cuando intentó interferir, en la época de Rajoy y en otras, en las investigaciones que le afectaban.
El sesgado informe de la Guardia Civil justifica la pérdida de confianza, pero no una interferencia del Gobierno en una investigación ya judicializada