Carmen Calvo marca el 21 de junio como el fin de la alarma
El Gobierno buscará los apoyos para una «última prórroga» de 15 días Impulsará una reforma para aplicar la ley ordinaria en el caso de un rebrote
La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, afirmó ayer en la comisión de reconstrucción del Congreso que el Gobierno pedirá «una última prórroga» de 15 días del estado de alarma para «culminar la desescalada» en las zonas que no hayan completado la fase 3. Lo solicitará si logra que «una mayoría» de los diputados aprueben ese estado de alarma asimétrico.
El último alargamiento alcanza hasta el 7 de junio, por lo que la Moncloa pone el tope para aplicar esa situación de excepcionalidad en el 21 de junio, una fecha en la que es imposible que las zonas más rezagadas, como Barcelona y su área metropolitana, la Comunidad de Madrid y Castilla y León, puedan haber completado todas las fases de deshielo a no ser que se acorten.
Siguiendo el plan actual, que marca que cada etapa dura 14 días, esos territorios no supera
De la ampliación quedarían fuera algunas comunidades, estrenando el estado de alarma asimétrico
rán el proceso hasta el 5 de julio. No obstante, Sanidad anunció el domingo que está dispuesto a acelerar las etapas si la evolución de la pandemia lo permite.
De hecho, Calvo dio a entender que esa prórroga solo se aplicaría en las zonas que estuvieran en el proceso de desescalada. Galicia, Cantabria o los archipiélagos, según fuentes del Gobierno, pueden acelerar en la fase 3 y quedar fuera de esa nueva prórroga. Se estrenaría así el estado de alarma asimétrico.
En caso de que el Ejecutivo no lograra sacar adelante esa «última prórroga», Calvo apuntó que se pondría en marcha «un plan alternativo»: un decreto ley que incluiría algunas de las medidas de las órdenes ministeriales aprobadas estos meses con el fin de dar una «respuesta sanitaria» en las zonas que no hayan completado la desescalada. Además, talmente desaconsejable desde el punto de vista de salud pública», aseguró Jonan Hernández.
«Lo que hemos planteado al Gobierno español es que, en este contexto, en el que ya no estamos hablando solo del caso de los presos vinculados a ETA, sino de cualquier preso, lo lógico es que el Ejecutivo planteará una reforma de la legislación estatal básica «para poder responder a algún rebrote» y no tener acudir al estado de alarma. Lo hará, subrayó, sin «recentralizar» competencias. Calvo afeó al PP que votara en contra de la última prórroga y aseguró que «algunos presidentes autonómicos» de ese partido quieren la alarma para controlar la pandemia «de la mejor manera posible». «Sus compañeros que tienen obligaciones de gestión dicen una cosa y su grupo parlamentario vota otra», le dijo a la portavos del PP en la comisión, Ana Pastor.
☰ cada recluso esté en un centro penitenciario de su Comunidad Autónoma para evitar desplazamientos largos e innecesarios que acrecienta el riesgo de contagio y de diseminación de contactos por comunidades autónomas diferentes a lo largo de toda la geografía», indicó.
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