ARAGÓN SE SUMA A LA DECLARACIÓN CONJUNTA DE TODAS LA COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN DEFENSA DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA RESPONDER AL COVID-19
La pandemia de covid-19 ha profundizado la situación de vulnerabilidad social y económica en la que viven millones de personas en España. Desde la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión, como integrante de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN España), afirmamos que disponer de una renta mínima debe ser un derecho. Es un requisito indispensable para hacer frente a la pobreza severa y poder salir de la exclusión social.
En España, la renta mínima estatal va a beneficiar a millones de personas que antes de la pandemia ya se encontraban en situación de gran precariedad, a las que se sumarán quienes a consecuencia del covid-19 se van a encontrar bajo el umbral de pobreza. Actualmente, casi 600.000 familias en España carecen de ingresos. Y hay que recordar que, antes de la pandemia, un 26% de la población vivía en riesgo de pobreza y exclusión social en España, mientras la pobreza severa afectaba a más de 2,5 millones de personas.
Disponer de un ingreso estable y de fácil acceso y gestión permitirá reactivar el proceso de inclusión social de las personas que viven esta realidad. Y, en ese sentido, defendemos la renta mínima estatal como un derecho subjetivo y compatible con los sistemas de ingreso mínimo de las comunidades autónomas, estableciendo una base mínima, que puede ser ampliada por los gobiernos autonómicos, según sus criterios.
Sin embargo, la defensa del derecho a salir de la pobreza a través de esta herramienta se está utilizando también para fomentar el discurso de odio y aporofobia. Por ese motivo, queremos dejar claro que este ingreso mínimo vital no supone un gasto, sino una inversión para la inclusión social y un fundamento de desarrollo económico sostenible. Es una medida de eficiencia económica, que contribuirá, en un primer momento, a paliar las necesidades de emergencia de las personas en situación de mayor vulnerabilidad y, a medio y largo plazo, a dar estabilidad económica y bienestar a las personas, para que puedan alcanzar el máximo potencial de su capital humano.
Somos miles de organizaciones de acción social y cooperación al desarrollo de toda España que creemos que la renta mínima tiene que servir para eliminar la pobreza severa y reducir la pobreza relativa, eliminar la pobreza infantil mediante un complemento por hijo a cargo y asegurar una vivienda digna para los hogares en pobreza e incrementar la inclusión social, estableciendo itinerarios sociolaborales personalizados. Debe ser un sistema ágil y accesible que permita que cualquier persona que lo necesite pueda acceder y desarrollar el proceso de solicitud sin trabas burocráticas, y asegurando que se dispone de los apoyos necesarios para atender cualquier dificultad de comprensión y conexión digital.
En Aragón, queremos ante todo que esta medida sirva para reducir o hacer desaparecer la pobreza severa y que los niveles de pobreza y exclusión social disminuyan. Esto hará nuestra sociedad más justa y equitativa y traerá mayor bienestar social.
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