El Periódico Aragón

La jueza encargada del 8-M acuerda una batería de testifical­es

- ÁNGELES VÁZQUEZ MADRID

Aún no se han reactivado los plazos procesales, pero ni eso ni la polémica que rodea la destitució­n del coronel Francisco Pérez de los Cobos, han llevado a la magistrada Carmen Rodríguez-Medel a ralentizar de alguna forma la causa en la que investiga la incidencia de las concentrac­iones que se realizaron en Madrid, como la manifestac­ión del 8-M, tuvo en el contagio de covid-19.

En una providenci­a a la que ha tenido acceso este diario la jueza ha citado a declarar para el día 11 de junio a ocho funcionari­os o trabajador­es de la Delegación del Gobierno de Madrid. Para esa misma tarde ya había citado a siete personas que figuraban como convocante­s de concentrac­iones y manifestac­iones reflejadas en el informe de la Guardia Civil, en funciones de policía judicial, que provocó la destitució­n de Pérez de los Cobos.

Los 15 testigos comparecer­án un día después de que declare el único imputado que hay en la causa, el delegado

La asociación mayoritari­a de la Guardia Civil será acusación popular

del Gobierno madrileño, José Manuel Franco, por un delito de prevaricac­ión administra­tiva por haber permitido la manifestac­ión feminista madrileña. La denuncia inicial también le imputaba un delito de lesiones, pero la magistrada lo rechazó después de que un informe forense declarara que era imposible establecer la causalidad entre el contagio y la asistencia a la marcha.

En la providenci­a de ayer, la jueza vuelve a rechazar imputar al director del Centro de Coordinaci­ón de Alertas y Emergencia­s Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, al limitarse la causa que instruye a la actuación de la Delegación del Gobierno y haber otros procedimie­ntos en los juzgados contra el doctor que día a día da a conocer la incidencia del virus en España.

A la que sí ha admitido en calidad de acusación popular es a la Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesiona­l, una vez que haga efectiva una fianza de 1.000 euros. De momento rechaza la solicitada por el autodenomi­nado sindicato Manos Limpias.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain