La condena a la DGA sienta un precedente
El Juzgado de lo Social de Teruel ha condenado al Gobierno de Aragón por no haber proporcionado suficiente material de protección al personal sanitario durante los meses más duros de la pandemia de covid-19. Esta sentencia es la primera en España que condena a una Administración pública por este motivo, y puede sentar un precedente ante el aluvión de demandas que hay presentadas a lo largo de todo el país. Falta por conocer si la presentada también por el mismo motivo y el mismo demandante, el sindicato médico Fasamet, en Huesca y Zaragoza, seguirán el mismo camino que la dictada en Teruel.
En la sentencia, de más de 128 páginas y profusamente argumentada jurídicamente, se indica que tanto la DGA, como el Servicio Aragonés de Salud y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales «tienen el deber de proteger al personal que se encuentra a su servicio de los riesgos laborales que puedan sufrir en el desarrollo de su trabajo». Asimismo, indica que se deben restablecer «los derechos vulnerados» e incide en que la declaración del estado de alarma «no conlleva la suspensión de los derechos fundamentales» como la vida, la integridad física o la salud, «ni tampoco supone la suspensión de los derechos a la protección y prevención de riesgos laborales».
Con el máximo respeto a la autoridad judicial y sus sentencias, esta condena abre un polémico debate sobre la responsabilidad que han tenido los poderes públicos en el alto número de contagios del personal sanitario en España, el país con mayor número de profesionales contagiados en todo el mundo. La jueza no tiene en cuenta los argumentos de defensa del Gobierno de Aragón, que consideraba que la pandemia fue un caso de «fuerza mayor imprevisible e inevitable», algo que no considera así la jueza, en un argumento que podría tener más elementos subjetivos y que puede ser más interpretable, ya que no considera que no se hubiera podido evitar o que fuera imprevisible. Una cuestión que propicia que el Gobierno de Aragón vaya a recurrir
De hecho, la jueza, Elena Alcalde, es muy dura a la hora de enjuiciar el comportamiento de la Administración autonómica, coincidiendo en muchos aspectos con las críticas que la oposición política está realizando contra el Gobierno. Alcalde, hija del exdelegado del Gobierno durante el mandato de Mariano Rajoy y del expresidente del PP en Aragón, es la primera jueza en España que condena a un Ejecutivo tras la demanda presentada por un sindicato médico. En este sentido, cabe pensar si un Gobierno, que cierto es que tiene la obligación de garantizar la salud laboral e higiene de sus empleados públicos, debe asumir responsabilidades jurídicas en un caso como este, y no se deberían dirimir únicamente responsabilidades políticas, como las que tomó –por unas desafortunadas declaraciones-la anterior consejera de Sanidad, Pilar Ventura. Máxime cuando el problema de abastecimiento no ha sido un hecho aislado en Aragón u otra comunidad, sino que ha sido una cuestión generalizada que ha colapsado a todas las administraciones al enfrentarse a una tragedia que ha desbordado al mundo entero.
La jueza considera que la pandemia se pudo evitar y que no fue imprevisible, contra lo que argumenta el Gobierno de Aragón