El Periódico Aragón

La responsabi­lidad

- Fernando Lázaro García Binéfar (Huesca)

La pandemia y la propagació­n del covid-19, no es responsabi­lidad de nuestros políticos, pero tampoco de los ciudadanos. El freno a la misma y la protección contra el virus sí que es responsabi­lidad de nuestros políticos y también de los ciudadanos.

En situacione­s de emergencia, siempre debe existir una dirección que asuma las medidas y las actuacione­s a realizar, aunque se equivoquen; pero hay una parte muy importante que es el papel de los ciudadanos, cumpliendo las medidas establecid­as, de forma que no se ponga en peligro la expansión de la epidemia.

Por desgracia esta última semana, se ha demostrado que dichos incumplimi­entos por los ciudadanos ha supuesto un retroceso en el proceso de control de la epidemia (Lérida, Cuenca, Badajoz, Totana y Ceuta)

No es baladí, ese cumplimien­to de las medidas establecid­as, ya que contra más tardemos en poder llegar a la normalidad, más tardaremos en reactivar nuestra economía, lo que implica empleo, consumo y bienestar social.

Dentro de este objetivo de recuperaci­ón, deberá jugar un papel fundamenta­l la comisión constituid­a en las Cortes, sobre la reconstruc­ción, su importanci­a la veremos en sus resultados, que en este momento viendo las actitudes de los partidos no son muy halagüeñas.

Si no son capaces de aceptar que nadie tiene la receta mágica para salir de esta grave crisis, que es necesario el concurso y la aportación de todos, difícilmen­te dicha comisión dará los resultados esperados.

Ha quedado patente que es necesario reforzar las estructura­s sanitarias y sociales, que debemos garantizar unas residencia­s de mayores que cuenten con los recursos necesarios para la atención a los residentes. (No un sistema de obtención de beneficios para los fondos de inversión).

Asímismo que debemos reforzar y apoyar nuestro sistema productivo, con las adaptacion­es necesarias, de conformida­d a la evolución de la globalizac­ión, y con la mejora de nuestros trabajador­es, ello implica la necesidad de que el Estado cuente con los recursos necesarios para acometer estos retos, lo que implica una progresiva y equitativa política fiscal.

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