Lambán recurrirá el fallo de Teruel y niega mala fe o desidia
Fasamet acusa de «imprevisión» a la DGA en un juicio en lo social en Zaragoza La Administración alega que se trató de un hecho imprevisible y de fuerza mayor
El Gobierno de Aragón tuvo que atender a dos frentes en la batalla contra el coronavirus. Uno fue la reacción ante la sentencia condenatoria de Teruel tras la vista de la demanda del sindicato médico Fasamet. Y otro el juicio celebrado ayer en un juzgado de los social de Zaragoza para ver otra demanda del mismo cariz presentada por la citada organización profesional.
Así, el presidente de Aragón, Javier Lambán, aseguró que el Gobierno aragonés asume con respeto, pero con discrepancia, la sentencia del juzgado turolense que le obliga a proporcionar los equipos adecuados de protección individual (EPIs) a los sanitarios del grupo de clasificación A de la provincia de Teruel y defendió que no puede aceptar ni está de acuerdo con que se les impute «mala fe o desidia», señaló Efe.
La sentencia que condena al Gobierno de Aragón fue dada a conocer este jueves y Lambán subrayó que la van a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia porque tienen la «convicción intima» de que hicieron todo lo que tenían que hacer para surtir de material de protección al personal sanitario.
«El material no se compró a tiempo y cuando se hizo fue caro y equivocado», dicen los demandantes
«Tuvimos los problemas / de suministro que tuvieron todas las comunidades autónomas y todos los países de la Unión Europea. Fue una prioridad para nosotros comprar y buscar ese material en lugares como China y otros países asiáticos», explicó.
En cuanto al juicio celebrado ayer en el Juzgado de lo Social número 1 de Zaragoza, todo giró sobre los conceptos imprevisión y fuerza mayor. Una de estas dos expresiones tiene la clave de la demanda en la que el sindicato médico Fasamet pide que el Gobierno de Aragón reconozca, para poner remedio al problema, que no garantizó la integridad física del personal sanitario del nivel A en plena crisis del coronavirus. El covid-19, subrayó el abogado de la organización profesional, ha costado en la provincia de la capital aragonesa la muerte de un facultativo de un centro de salud y la de un limpiador de una contrata del Miguel Servet, así como una elevada tasa de contagios entre los sanitarios, entre el 14% y el 20%, en función de las fechas.
Sin embargo, el letrado de la Administración autonómica, Jorge Ortillés, negó la falta de previsión y sostuvo en la vista oral que la DGA se vio afectada por un caso de fuerza mayor, «una pandemia mundial» que hizo imposible hacer un acopio suficiente de mascarilas, batas, guantes y otros elementos de protección, pese a que se movilizaron ingentes recursos.
«Había que poner barreras físicas, equipos de protección, para evitar la posibilidad de contagios», argumentó Aspas. «Y todo el personal sanitario, en función de su puesto, debía estar dotado de unos u otros elementos de seguridad, que son sencillos, baratos, fungibles y desechables», afirmó. Pero, en su opinión, ese material «no se compró a tiempo, no se tuvo en cantidad suficiente y cuando se quiso adquirir no se pudo o, si se hizo, fue caro y equivocado».
El fiscal, Alfonso Villacampa, señaló que en el comportamiento de la Administración se ha dado una «vulneración del derecho constitucional a la vida y a la integridad física». «Hay precedentes y una cronología que alertaba de la existencia de un riesgo», sostuvo, y se refirió a repetidos avisos de la Organización Mundial de la Salud, la suspensión del Mobile Congress en Barcelona y de una importante reunión de cargos de la UE en Bruselas. En ese contexto, ya en el mes de febrero, indicó, «las medidas que se adoptaron aparecen como tardías», y la rápida expansión de la pandemia «no puede calificarse de imprevisible». En su opinión, la DGA trata de justificar su falta de previsión en la supuesta imprevisibilidad del covid-19 para justificar la falta de equipos de protección personal.
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