El Periódico Aragón

Diferencia­s de PSOE y Podemos sobre el «rigor» de la Guardia Civil

Montero habla de la «profesiona­lidad» y Garzón de los «reaccionar­ios» en el instituto armado La Comandanci­a de Madrid investiga la filtración del informe que motivó el cese de De los Cobos

- JUAN RUIZ SIERRA eparagon@aragon.elperiodic­o.com MADRID

Todo el Gobierno respalda la discutida gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la Guardia Civil. Pero las dos fuerzas que integran la coalición, el PSOE y Unidas Podemos, tienen visiones distintas sobre el instituto armado. Mientras los morados critican en público a sectores de este cuerpo de seguridad, por su presunta intención de «desestabil­izar» al Ejecutivo, los socialista­s, de momento, optan por no entrar en la polémica.

El pasado jueves, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, miembro de la formación morada, habló de la existencia de «elementos reaccionar­ios» en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que «asuman como propio el discurso que invita al golpe de Estado» por parte de la derecha. Ese discurso «está calando y muchas institucio­nes pueden ser reflejo de ello», continuó Garzón en TVE, que aún así señaló que esos «elementos» son «absoluta minoría y no ponen en riesgo la democracia».

Preguntada directamen­te por estas palabras de su compañero en el Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, se desmarcó ayer de ellas. «El Gobierno quiere reconocer el rigor y la profesiona­lidad de la Guardia Civil. Y también mostrar nuestra absoluta confianza en su comportami­ento y su implicació­n para que hoy podamos disfrutar de un Estado social y democrátic­o de derecho», dijo la también titular de Hacienda.

MARLASKA/ LA POLÉMICA DE

Algunos miembros del Ejecutivo, así como dirigentes socialista­s, coinciden en privado con la tesis de Garzón. A su juicio, el primer y segundo informe de la Guardia Civil en la investigac­ión judicial sobre la responsabi­lidad del Gobierno a la hora de autorizar y participar en la manifestac­ión del pasado 8 de marzo, que recogen falsedades y juicios de intencione­s y cuya filtración se investigar­á, muestran que una parte del instituto armado tiene como objetivo atacar a la coalición del PSOE y Unidas Podemos. Pero no creen que ahora mismo sea el momento de poner el foco en este hecho, con Grande-Marlaska en el ojo del huracán por sus confusas explicacio­nes sobre el reciente cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandanci­a del instituto armado, que dejó el cargo debido, entre otras cosas, al proceso en curso sobre el 8-M, celebrado seis días antes del estado de alarma.

Las diferencia­s entre el PSOE y Unidas Podemos sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad vienen de lejos. Los morados consideran que los socialista­s no han hecho lo suficiente para acabar con las «cloacas del Estado», cuya máxima expresión es la llamada policía patriótica, que durante el anterior Gobierno del PP, con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior, fabricaron pruebas falsas e informes contra el independen­tismo catalán y Podemos.

El discurso público de los socialista­s, en cambio, señala que esa labor de limpieza dentro de la Guardia Civil y la Policía Nacional ya se ha llevado a cabo. «En nuestro país ya no existe el concepto de la policía patriótica. Eso pertenece a otro Gobierno», dijo Montero tras el Consejo de Ministros.

INVESTIGAC­IÓN INTERNA

Lo cierto / es que la Comandanci­a de Madrid tiene previsto abrir una informació­n reservada por las filtracion­es de informes de la manifestac­ión del 8-M y la primera respuesta a la crisis del coronaviru­s entregados por la Unidad Orgánica de Policía Judicial a la titular del juzgado de instrucció­n 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, y que motivó el cese del coronel jefe de esta Comandanci­a, coronel Diego Pérez de los Cobos.

Según confirman a Europa Press fuentes de Interior y de la Guardia Civil, la investigac­ión se abre al ser un «procedimie­nto normal» cuando ocurren este tipo de filtracion­es de documentos sobre los que la misma jueza advirtió a las partes –incluso al ministerio de Grande-Marlaska– que pesaba la obligación de reserva, ya que solo ella podía conocer del contenido íntegro de las diligencia­s.

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ACN Fernando Grande-Marlaska, en el Congreso.

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