Juicio a un administrador por quedarse 40.000 €
El acusado dice haberse apropiado de 18.921 euros por «un bache económico» El imputado se expone a penas de cárcel de seis meses a cuatro años
Un administrador de fincas urbanas de Zaragoza, M. F. C., se sentó ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial por la supuesta apropiación indebida de una cantidad que oscila entre los 40.000 y los 80.000 euros, un delito por el que se expone a penas que podrían ser de seis meses a 4 años de cárcel.
El imputado, que gestionó entre el 2013 y el 2019 una comunidad de vecinos situada en la calle Lóbez Pueyo de la capital aragonesa, reconoció en la vista oral que se quedó ilegalmente con 18.921 euros de la cuenta de la entidad vecinal «porque estaba pasando un bache económico» y porque tiene esposa y dos hijos menores de edad.
«Las cosas iban muy mal para mí y de la cuenta de la comunidad de Lóbez Pueyo cobraba mis honorarios», afirmó M. F. C., que según la fiscal podría tener «otros procedimientos» abiertos con otras entidades vecinales.
El ministerio público incidió en un ascensor que la comunidad quería instalar, valorado en 45.000 euros, y que finalmente no se llegó a poner, pese a sucesivas derramas, resultado que el administrador atribuyó a que algunos residentes no pagaban su cuota y a la oposición del propietario de un local que hubiera perdido espacio para poder colocar el elevador.
Según el abogado de la comunidad querellante, A. M. Rodríguez Fernández, el acusado se apropió de unos 80.000 euros valiéndose de su cargo, «en un claro abuso de confianza». En su opinión, M. F. C utilizaba la cuenta de la calle Lóbez Pueyo para realizar cargos a otras entidades vecinales, con el fin de «simular que había más dinero». Este letrado mostró su extrañeza por el hecho de que, en teoría, según las cuentas del acusado, la comunidad había suscrito varios seguros que, en realidad, desde su punto de vista, «no existían».
El presidente actual de la comunidad afectada compareció como testigo y explicó que echaron al administrador al comprobar que había «irregularidades económicas» y señaló que el propio acusado entregó un documento en el que reconocía que «no había obrado correctamente». «Había siempre con él un grave problema de falta de información», añadió.
El administrador que lo sustituyó, ayudado por un economista, descubrió que había «facturas ficticias y movimientos de dinero en otras cuentas». «Nos quedamos sin dinero, con un saldo negativo, y eso era incomprensible», añadió el presidente del bloque, que cuenta con 16 viviendas, más unos locales, y está cerca de la avenida América.
En la misma línea, el actual responsable de las cuentas de la comunidad aseguró que, aunque en el banco había un saldo negativo, en caja figuraba otro positivo de más de 30.000 euros. Asimismo, dijo que entre las operaciones realizadas por el acusado había cargos por la contratación de seguros ajenos a la entidad vecinal.
La directora de la entidad bancaria donde está la cuenta de la comunidad manifestó que esta se bloqueó en cuanto se tuvo constancia de las presuntas irregularidades.
El abogado defensor, Joaquín Tortajada, pidió seis meses de cárcel y una indemnización de 18.921 euros. Pero subrayó que su cliente actuó obligado por «un estado de necesidad» y para «asegurar la subsistencia de su familia». Asimismo, dijo que las acusaciones no han aportado pruebas de que la cantidad apropiada ascienda a 40.000 euros y menos a 80.000». Al final de la vista, el imputado tomó la palabra y pidió «perdón» a la comunidad por lo que le había hecho.
☰
La fiscal apunta que el encargado de las cuentas de la entidad puede estar «en otros procedimientos»