China aprueba la norma para subyugar a Hong Kong
Pekín castigará a los infractores con penas de hasta cadena perpetua
Hong Kong entró a medianoche en una nueva era. La ley de seguridad nacional cocinada en Pekín que persigue la subversión, la secesión, el terrorismo y las injerencias extranjeras es vista en la excolonia como una amenaza a su oasis de libertades pactado en su devolución a China. Es una ley especial para un contexto especial, tras las violentas protestas que el pasado año sumieron a la capital financiera en el caos, fracturaron su sociedad y hundieron su economía. Preservará la estabilidad, devolverá la paz y castigará solo a la minoría vandálica, repite Pekín; finiquitará aquel traje de «un país, dos sistemas» que tejiera el arquitecto de las reformas, Deng Xiaoping, para integrar así la excepción hongkonesa en el magma chino, pronostica el resto.
La ley otorga la jurisdicción a la nueva agencia sobre su homóloga local en tres supuestos definidos como «complicados»: interferencia de fuerzas externas, imposibilidad de las instituciones isleñas de cumplir la legislación y amenazas serias a la seguridad nacional. Las investigaciones estarán dirigidas por la fiscalía del Tribunal Supremo de China y las penas oscilan entre los tres años y la cadena perpetua. La ley elimina el cortafuegos que había blindado Hong Kong de la justicia del interior y sus efectos dependerán menos de la letra que de la interpretación y la ejecución. El tiempo dirá si se limita a atajar el vandalismo y las injerencias extranjeras o si persigue a la disidencia y cualquier elemento hostil.
Joshua Wong, Nathan Law y Agnes Chow, los más mediáticos activistas, anunciaban su abandono del partido Demosisto, pertinaz ariete contra Pekín. La formación se disolvía horas después. También cerró la oficina de los independentistas Hong Kong National Front, que ahora luchará desde Taiwán y el Reino Unido.
Las condenas se amontonaron. La UE «deploró» la ley porque amenaza «el alto grado de autonomía de Hong Kong, la independencia de la judicatura y el Estado de derecho», señaló Charles Michael, presidente del Consejo. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, insistió en que «China se arriesgaba a consecuencias muy negativas si seguía adelante con esta crisis, incluyendo para la confianza de los negocios, la reputación de China, su percepción pública en Hong Kong y a nivel internacional».
Tokio tildó la normativa de «condenable» y Taiwán señaló que el caso hongkonés certificaba el fracaso de esa fórmula de «un país, dos sistemas» que Pekín le propone.
Washington aderezó las críticas con la prohibición de exportar «tecnología sensible» a Hong Kong por el presunto riesgo de que acabe en manos del Ejército chino. El plan expulsa a la isla del grupo de socios que EEUU considera fiables.
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