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Vanesa Gómez nació con una hemiplejia y padeció un cáncer de ovario que le dejó muchas secuelas La Seguridad Social le deniega la incapacidad a pesar de los informes médicos
«Los efectos de la quimio han afectado a mi discapacidad, que ha ido a más y he perdido movilidad»
«Me dicen que soy muy joven, que pese a mis secuelas tengo que volver a trabajar cuatro años después»
Hace cuatro años la vida de Vanesa Gómez, una zaragozana de 39 años, dio un giro radical. Un cáncer de ovario con un alto grado de malignidad le obligó a frenar en seco. Tuvo que coger la baja en la empresa en la que llevaba 9 años trabajando, pasar por el quirófano para ser operada y recibir un tratamiento de quimioterapia hasta mitad de mayo del 2017. Vencido el tumor, las secuelas fueron «muy fuertes» en su cuerpo y agravaron, además, una hemiplejia derecha congénita de nacimiento y por la que tiene reconocida desde pequeña una discapacidad del 41%. «Mi salud de origen no es la misma que la de cualquier otra persona, yo ya tengo una enfermedad de base, y ahí un proceso como una quimio complica la situación», explica.
Desde entonces, la joven lleva peleando para que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le reconozca una incapacidad, denegada hasta en dos ocasiones. «¿Qué más tengo que justificar? Los informes médicos avalan las secuelas graves que me dejó el cáncer, mi hemiplejia ha ido a más y, además de todo, también he sufrido una depresión», cuenta. «Pero ellos consideran que soy joven y que puedo desempeñar mi trabajo de recepcionista en una residencia porque es un empleo sedentario, cuando no es cierto. Hay que moverse, hay que recibir visitas, a los proveedores y, ahora más que nunca, ayudar con el tema del covid. Mi movilidad no es la que era, me canso mucho, no tengo sensibilidad en los pies, sufro pérdidas urinarias y mi capacidad auditiva está mermada», argumenta.
Demanda judicial
La situación de Gómez se enquistó en el 2018, cuando tras dos prórrogas de 6 meses de su baja laboral ella pidió la invalidez y la Seguridad Social se la denegó. Acto seguido, la paciente acudió a su médico de cabecera que, tras comprobar que no era apta para trabajar y además sufría una afección psicológica, le concedió una baja por depresión.
Durante todo el 2019 no trabajó y volvió a ser valorada en enero del 2020. Entonces le prorrogaron su baja por depresión seis meses, pero la pandemia alargó la situación hasta el pasado mes de agosto. Nuevamente un tribunal médico consideró que debía volver al trabajo. En medio de todo esto, ella había iniciado una demanda judicial al INSS para solicitar la incapacidad, que también fue rechazada. «Admitían mis limitaciones, pero que con ellas puedo desarrollar mi empleo», reitera Gómez.
Cuatro años después de esta travesía por el desierto, Gómez se ha incorporado esta misma semana a su puesto de trabajo. «Obviamente tengo que hacerlo, necesito ingresos como todo el mundo, tengo una hija y una vida que llevar, pero es muy injusto que no vean lo que es obvio. El historial habla por sí solo, todos los médicos avalan una incapacidad, pero la jueza opina que las secuelas no son suficientes, y lo cierto es que yo no puedo desempeñar mi jornada laboral como antes», explica frustrada.
«Me he readaptado a la realidad que me toca, el cáncer fue un proceso duro, largo y que físicamente me ha dejado peor. Afortunadamente no he tenido una recaída y estoy aprendiendo a vivir con mis limitaciones, pero psicológicamente estoy machada, es agotador», asegura esta zaragozana, que se siente «afortunada» porque su empresa ha seguido contando con ella cuatro años después. «Me han respetado mi puesto y les estoy muy agradecida. Lo estoy dando todo, pero acabó las jornadas agotada. Estoy haciendo un esfuerzo, pero también sufriendo mucho», asegura. Gómez acata la decisión, ha vuelto a su puesto de trabajo, pero pide «una reflexión» al INSS ante lo que considera «una injusticia».