Un fontanero corta el agua a un deudor para coaccionarle
La víctima le denunció y ahora el profesional ha sido condenado
Cortar el agua por una deuda no es la mejor solución para cobrarla. De hecho, el agujero económico aumenta porque al importe de esa factura hay que añadir el pago de una multa por un delito de coacciones leve. Es lo que ha ocurrido en Caspe, donde el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la localidad zaragozana ha condenado a un fontanero por quitar un contador a un cliente que, al parecer, le debía dinero. Ahora, este profesional tendrá que indemnizar al denunciante con 360 euros.
Los hechos se remontan al pasado 21 de abril del 2020 cuando el ahora condenado S. J. R., fontanero de una empresa de Alcañíz, se personó en la vivienda propiedad de un vecino de Caspe y comenzó a golpear la puerta, colocando un trozo de cinta aislante en el sistema de videoportero de manera que impedía la visión. Por ese motivo, la esposa de este hombre bajó a abrir la puerta y se encontró a S. J. R., quien le preguntó por su marido. Tras decirle que no se encontraba en casa, el acusado abandonó el lugar mientras decía «no te preocupes que ya me llamará tu marido, ya me llamará».
Inmediatamente, esta mujer se percató de que había un charco de agua junto a la puerta de entrada a la vivienda y que la tapa de registro del contador de agua estaba abierta, observando que dicho contador no estaba y, por tanto, que la vivienda se encontraba sin suministro de agua corriente, motivo por el cual avisó a la Policía Local de Caspe, que tras personarse en el lugar acreditó esta circunstancia. Horas más tarde regresó y volvió a colocar el aparato.
Por estos hechos, la víctima del corte de suministro, representada por el abogado Diego Lázaro, decidió interponer una denuncia en la que un juzgado le ha dado la razón ya que considera que la actuación del fontanero fue una forma de coaccionarle. Eso, a pesar de que el procesado aseguró durante el juicio que se trató de un error. En este caso subyace una discusión sobre quién debe cobrar la factura, si el fontanero o la promotora de la obra. un incremento inusual en la tramitación de estas solicitudes. Concretamente eran varios los expedientes relativos a ciudadanos de origen paquistaní que se empadronaban en Zaragoza para, acto seguido, solicitar autorizaciones de residencia y trabajo por arraigo laboral. Lo llamativo de estos casos es que siempre se trataba de paquistaníes que provenían de Barcelona y que se empadronaban en Zaragoza pocos días antes de solicitar este tipo de permisos.
Según informan fuentes policiales, para poder optar a estos «arraigos laborales», estas personas acreditaban supuestas relaciones laborales con empresas, dirigidas por ciudadanos de su misma nacionalidad, que tenían su actividad laboral en Cataluña. Para dar veracidad al fraude, hacían un «teatrillo» en el que, antes de celebrarse la vista oral en los Juzgados de lo Social, ambas partes acababan llegando a un acuerdo mediante acto de conciliación. De esta forma conseguían el reconocimiento de varios meses de antigüedad laboral en la empresa necesarios para la solicitud de arraigo.