Iglesias y el Supremo
La decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de pedir al Tribunal Supremo que investigue al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por tres supuestos delitos, coloca al Gobierno de coalición en una situación muy complicada. Asediado por la oposición, y por otras instancias de la derecha y la extrema derecha, y teniendo que gestionar las complicadas crisis sanitaria y económica, que tan graves consecuencias están teniendo en España, el Ejecutivo se encuentra además ante la necesidad de afrontar una hipotética imputación del líder de Podemos. Algo que todavía no ha ocurrido y que puede incluso no llegar a ocurrir, aunque el presidente del PP, Pablo Casado, actúe como si fuera un hecho y, con su habitual tendencia a la hipérbole, exija la dimisión o la destitución de Iglesias.
Esta situación, que deja al vicepresidente segundo en una posición de debilidad en un momento crucial, se desarrolla en medio de la lamentable e indeseada lucha sin cuartel contra el Gobierno, que tiene como principal campo de batalla a Madrid, sede de las instituciones del Estado, de los cuarteles generales de los partidos y de los medios de comunicación más conservadores.
La ofensiva de la prensa de la derecha y de ciertos despachos, junto a la opacidad con la que el propio Iglesias ha tratado el tema, han contribuido, sin duda, a que un caso en el que el líder de Podemos partía como perjudicado haya acabado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Cinco magistrados de ese tribunal decidirán si llaman a declarar al vicepresidente o si archivan el caso, previo informe del fiscal Luis Navajas, quien denunció hace unos días presiones para actuar contra el Gobierno.
Si el alto tribunal optara por la imputación, el Ejecutivo se encontraría con
La petición del juez de investigar al líder de Podemos, a quien el TS debe decidir aún si imputa, ocurre en medio de una ofensiva contra el Gobierno
una grave patata caliente al verse obligado a decidir si prescinde de su vicepresidente segundo sin que ello haga peligrar el acuerdo de coalición con Podemos y, por tanto, la viabilidad del Gobierno.
En el supuesto de que esa fuera la decisión del Supremo, el propio Iglesias se encontraría preso de sus palabras, ya que para ser consecuente con el código ético de Podemos y con las declaraciones que él mismo ha hecho a lo largo de su trayectoria política, debería dimitir. Suya es la consideración inapelable de que un político imputado debe dejar su cargo.
Pese al acoso de la derecha, esa imputación aún es solo una posibilidad. No es, por tanto, comparable con un hecho sentenciado, como fue la condena por corrupción al PP en el caso Gürtel en la que se justificó la moción de censura contra Mariano Rajoy.
El de las responsabilidades políticas es, no obstante, un debate pendiente en la política española. Una deliberación que parece no interesar a ningún partido, porque todos tienden a utilizar los casos judiciales, aunque estén en fase indiciaria, en su lucha contra el adversario.
Ese uso espurio de la judicialización política hace más urgente, si cabe, abordar esa cuestión para entre todos acordar qué deberes y obligaciones conlleva estar en política y cuál es la vara de medir por la que se calibran las responsabilidades de los gobernantes.