Los expertos apuntan al estado de alarma o al cambio de la ley
Profesores de Derecho Constitucional ven posible confinar
Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón continúan estudiando fórmulas jurídicas que den cobertura a las posibles actuaciones necesarias para hacer frente a la pandemia de coronavirus en la comunidad autónoma. Tres días después del auto del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que tumbó la solicitud del confinamiento perimetral de La Almunia de Doña Godina, no está definida cuál es la alternativa jurídica del Ejecutivo autonómico. El director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón, Francisco Javier Falo, reconoció ayer mismo que de no ser por este revés judicial, su opción principal habría sido el confinamiento perimetral para localidades en las que se detecta un incremento importante de los contagios. Fuentes del Ejecutivo recordaron que el auto no se puede recurrir e insistieron en que el confinamiento es la opción «más efectiva», pero si no se alcanza una fórmula legal para pedirlo, «se adoptarán otras medidas».
Estas mismas fuentes reiteraron que los argumentos del TSJA «difieren de los emitidos por todos los juzgados y tribunales de toda España». Y precisamente la gestión de la pandemia y el marco jurídico que debe amparar las decisiones políticas que implican la restricción de los derechos fundamentales de los ciudadanos protagonizó ayer un nuevo rifirrafe entre el Partido Popular y el PSOE en las Cortes de Aragón. La portavoz adjunta y de Institucional del PP en el parlamento aragonés, Mar Vaquero, reprochó la «soberbia política» de Javier Lambán, a quien reclamó que «atienda las recomendaciones del PP, aunque vengan del PP» para salir antes de esta pandemia. Le pidió que exija a Pedro Sánchez «las modificaciones legislativas necesarias» para poder dar cobertura legal a sus decisiones con la Ley Orgánica Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Ello, pese a estar de acuerdo con que era necesario confinar La Almunia para hacer frente al virus.
Vaquero subrayó la «mala situación epidemiológica de la comunidad». «Seguimos pidiendo PCR masivos en los colegios, en las residencias, en los centros asistenciales, porque solo así podremos tener una foto fija de cómo está la situación», dijo la conservadora.
Apenas una hora después llegaba la réplica por parte del grupo parlamentario socialista. El diputado autonómico y secretario de organización del PSOE Aragón, Darío Villagrasa, criticó que «las palabras del PP solo buscan generar confusión y ruido», cuando «lo que ahora se tiene que buscar es la colaboración, el trabajo y la empatía». Este defendió que en Aragón «se ha aumentado la capacidad de rastreo y diagnóstico» y que la gestión aragonesa «se ha puesto como ejemplo de buenas prácticas en otras comunidades».
El socialista calificó de «desafortunado» que Vaquero hablase de «soberbia política», y criticó que desde la bancada popular se busque generar una «crisis de credibilidad» de las instituciones, algo que «Aragón no merece». «Deberíamos alejar del fuego candente de los reproches partidistas el trabajar por unas leyes más accesible y comunes», reivindicó. ((
Las alternativas legales para que un Gobierno autonómico pueda limitar derechos fundamentales con el fin de preservar la salud pública no están claras. Ni siquiera los expertos en Derecho Constitucional tienen una sola voz al respecto, y recuerdan que «cada caso debe estudiarse de forma independiente». Según los expertos consultados, el abanico de opciones va desde la declaración del estado de alarma hasta la modificación de la Ley Orgánica 3/1986 de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.
Pablo Guerrero, doctor en Derecho Constitucional y profesor de la Universidad de Zaragoza, manifestó que en su opinión «la decisión del TSJA es correcta», aunque reconoció que genera debate. En su opinión, «la ley 3/86 puede restringir derechos fundamentales que afecten de manera individualizada a una persona, pero no cabría para suspensiones generalizadas a la población». En una situación como la actual, considera que «lo más razonable sería pedirle al Gobierno de España que declare el estado de alarma en el ámbito territorial que sea», y recordó que este «es flexible y admite medidas de diferente intensidad».
José Tudela, profesor de Derecho
Constitucional en el campus público, se mostró menos partidario de esta opción, en tanto que «puede ser excesivo si solo se confinan localidades con poca población» y porque supondría «que lo tiene que adoptar el Gobierno de la nación y por lo tanto el autonómico perdería el control». Para Tudela, la clave sería «hablar con el Gobierno central para modificar el estado de alarma o la legislación sanitaria de modo que las comunidades puedan tener ese amparo legal». Y se pregunta por qué no lo han hecho hasta ahora.
Por último, el profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza, José Luis Bermejo Latre, piensa que la posibilidad de restringir la movilidad o confinar una población «sí que cabe en los preceptos de la Ley 3/86», aunque debe especificarse de manera «exhaustiva» en la exposición de motivos.
El doctor Pablo Guerrero cree que la decisión del TSJA «es la correcta»