Vergüenza ajena
‘Bunkerizar’ la renovación de las instituciones y órganos emanados de la Constitución es muy peligroso
Quino ha muerto, pero Mafalda y sus amigos (Manolito, Felipe, Guille, Miguelito, Libertad y sus padres) están más vivos que nunca. Con esa mirada ácida hacia las instituciones, la política y la sociedad, sus tiras diarias fueron una ventana de aire fresco en la densa niebla de los años setenta. Niña sabia y respondona, representa la mirada inteligente del pisoteado por las instituciones, la burocracia y la ideología dominante.
Cuando en una viñeta señala la bola del mundo del que cuelga un cartel que dice ¡Cuidado irresponsables trabajando!, nos radiografía hace cincuenta años el mundo que vivimos hoy.
Un mundo donde la política se ha convertido en propaganda, regate corto y cuando faltan argumentos, garrotazo y barro: donde todo se polariza hacia los extremos para que la gran masa de ciudadanos asqueada y cansada termine por hacer suyo el «todos son iguales» y «los políticos son el problema». Pero no es así, ni en la gestión de la pandemia, ni en la política en general. Hay autonomías que lo están haciendo bien, como Asturias, País Valenciano, Canarias, Galicia, e incluso Aragón, a pesar de los complicados rebrotes, con gestores que no buscan réditos electorales de una catástrofe. Igualmente hay otra parte de la sociedad que busca alternativas y salidas que mitiguen el tremendo problema que tenemos. Ahí están los cinco acuerdos de CEOE, Cepyme y los sindicatos UGT y CCOO. Es gente que no sale en los telediarios, que hace bien su trabajo, sin teatralizar sus actuaciones, sin consumir ni un 1% de la información. Por el contrario, hay dirigentes políticos que no entienden que una pandemia como esta no se vence con recursos mediáticos y propaganda sino con el trabajo constante de los científicos y de los médicos.
Es incomprensible que siendo Madrid la comunidad autónoma más infestada de Europa, supera un 40% la afección del total de casos de toda España; la argumentación en el recurso planteado ante la Audiencia Nacional contra las medidas tomadas por el Gobierno central, se basen en que «Madrid no puede cerrarse porque nos estamos arruinando». Su explicación es que la recaudación se mermaría y las arcas de la comunidad autónoma bajarían en 44 millones de euros cada semana. Si recordamos que hace quince días la presidenta se comprometió a rebajar el IRPF a todos los madrileños, solo me cabe decir que vale más silencio inteligente que estupideces en voz alta.
En este tipo de argumentación subyace desde el principio de la pandemia un dilema ético no resuelto, «la bolsa o la vida». El dilema existe por mucho que desde instituciones diversas, gobiernos y el mundo empresarial se alegue siempre que lo más importante es la salud. La presidenta Ayuso opta claramente. « ¿Por qué el 99% de los madrileños no contagiados tiene que sufrir las consecuencias del 1% que van a contagiarse?», declaraba en una entrevista a un diario nacional el pasado domingo, 4 de octubre.
Plantear esta insensata disyuntiva dice mucho del personaje, igual que culpar al Gobierno central de persecución política por su gestión del covid-19, o ampararse en un recurso jurídico que desgasta aún más a las instituciones y complica cualquier solución.
DE LA PANDEMIA podemos salir destrozados anímicamente, con una economía en recesión, un empleo por los suelos, una sanidad más deteriorada, y una crisis institucional y política que ponga más en cuestión el sistema. La democracia no consiste solo en hacer elecciones periódicas donde corresponda y ejercer el imperio de la ley cuando sea preciso. Sin el necesario compromiso y respeto institucional ningún sistema democrático, por muy bien formado que esté, resiste el mal uso de las instituciones que lo integren. Por eso bunkerizar la renovación de las diferentes instituciones y órganos de gestión emanados de la Constitución es un juego muy peligroso. Permitir que el Consejo General del Poder Judicial siga actuando como si su mandato no estuviese agotado desde hace dos años, es el peor favor que se le puede hacer a la Justicia.
Eso lo han demostrado los profesores Daron Acemoglu y James A Robinson en su libro Por qué fracasan los países, publicado en el 2012. En el que afirman que «en un país son más importantes sus instituciones que sus materias primas».
Sin el necesario compromiso y respeto institucional ningún sistema democrático resiste