El Gobierno resucita la ley para prohibir las amnistías fiscales
Hacienda prevé ingresar 828 millones con la nueva norma contra el fraude fiscal
El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar, ayer, el proyecto de ley contra el fraude fiscal que prohíbe las amnistías fiscales, cuya tramitación parlamentaria decayó en febrero del 2019, por el adelanto electoral. La norma, con la que Hacienda espera recaudar 828 millones de euros cada año, rebaja de 2.500 a 1.000 euros los pagos en efectivo entre profesionales y empresas, introduce un mayor control sobre el uso de nuevas tecnologías, como las criptomonedas, y prohibe del software de doble uso, entre otras medidas.
Así lo anunció ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde destacó que la lucha contra el fraude fiscal es una «prioridad» del Ejecutivo porque «no hay justicia social ni tributaria si algunos pretenden eludir sus compromisos y obligaciones que tienen el resto».
Desde el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha se subrayó ayer que el nivel de economía sumergida en España es un 65% mayor que la media europea, ya que cada año se evaden unos 31.800 en impuestos y cuotas a la Seguridad Social, según sus estimaciones. Según Gestha, la principal medida de lucha contra el fraude fiscal pasa por un aumento de los efectivos de la Agencia Tributaria. Calcula que con entre 15.000 o 17.000 empleados más el fraude se podría reducir a la mitad
El proyecto de ley disminuye de un millón a 600.000 euros el importe cuya superación conllevará la inclusión en el listado de deudores de la Hacienda Pública. El objetivo, según el Gobierno, es fomentar el ingreso de deudas por parte de los grandes deudores con la Hacienda Pública. También se incluirán en la lista de deudores a la Hacienda Pública, junto a los deudores principales, a los responsables solidarios.
En relación a las monedas virtuales, el proyecto de ley incorpora la obligación de informar sobre la tenencia y operativa con monedas virtuales, tanto situadas en España como en el extranjero si afecta a contribuyentes españoles. De este modo, se exigirá información sobre saldos y titulares de las monedas en custodia. Además, se establece la obligación de sumimillones nistrar información sobre las operaciones de adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos, con criptomonedas.
La norma, además, prohíbe la producción y tenencia de los programas informáticos que permiten manipular la contabilidad. Así, se exige que los sistemas informáticos o electrónicos que soporten procesos contables o de gestión empresarial se ajusten a ciertos requisitos que garanticen la integridad, conservación, trazabilidad e inalterabilidad de los registros.
Además se prevé un régimen sancionador específico por la producción de estos programas o su tenencia sin la adecuada certificación.
Otra medida incluida en el proyecto de Ley es la actualización y ampliación del concepto de paraíso fiscal que pasan a denominarse jurisdicciones no cooperativas.
Así, en la lista de paraísos se incluirán, por ejemplo, los territorios que faciliten la existencia de sociedades extraterritoriales para atraer beneficios sin actividad económica real, o aquellos donde haya opacidad y falta de transparencia. También serán considerados paraísos fiscales los territorios con los que no se practique un efectivo intercambio de información sobre el titular real de los bienes o derechos, o donde exista una baja o nula tributación (hasta ahora sólo se incluía el concepto de nula tributación).