La ONU recrimina a España su prueba de edad a migrantes
Según el organismo, el procedimiento viola los derechos humanos
Dos menores, ambos de 17 años, y dos adultos, de 21 y 22 años, siguen en libertad y sin que la Justicia haya adoptado ninguna medida cautelar contra ellos tres meses después de ser detenidos y acusados de una violación grupal a una niña de 15 años.
La víctima, sin experiencia sexual previa, fue llevada a una azotea a sabiendas de que estaba totalmente mareada y sin apenas tenerse en pie porque había bebido, y allí la sometieron presuntamente a dos agresiones sexuales cada uno de los menores mientras los mayores los jaleaban y les decían cómo y qué hacer. La Guardia Civil dejó a los cuatro en libertad tras comparecer en el cuartel, situación que ha mantenido el juez. La Fiscalía de Menores ni siquiera les ha tomado aún declaración.
Los hechos sucedieron en la madrugada del 9 de julio pasado, en una urbanización de alto poder adquisitivo de un municipio costero de Valencia. La víctima, de 15 años y bajo medicación en aquel momento, había salido la noche anterior y había participado en un botellón con amigos de la urbanización.
El juez de Instrucción número 3 de Masamagrell asumió la causa el 7 de agosto. Citó a los dos adultos –el proceso contra los menores sigue su curso en la Fiscalía de Menores, que los ha citado por primera vez para finales de este mes, casi cuatro después de la supuesta agresión en manada– para otras tres semanas más tarde, el 28 de agosto. ((
Los expertos que forman el Comité de los derechos del niño (CDN) de la ONU consideran que el procedimiento de determinación de la edad que se realiza en España a los jóvenes extranjeros no acompañados viola los derechos humanos.
Con esta, explica el CDN, ya son 14 las decisiones adoptadas contra España desde el 2019 en materia de determinación de la edad de los menores migrantes. Los expertos han encontrado varias violaciones de la Convención de los derechos del niño, en particular, el derecho a la identidad, el de a ser escuchado, y el de a la especial protección de los niños privados de su entorno familiar.
El comité recuerda el caso de M. B., un joven guineano de 17 años que en junio del 2017 llegó a Almería. Según relata, informó al personal de la organización y a la policía de que era menor de edad. Sin embargo, la policía lo registró como adulto de 21 años sin procederse a determinar su edad.