El Supremo ratifica la condena al PP por lucrarse con la trama ‘Gürtel’
El tribunal certifica «la estructura de colaboración estable» con Correa
El Tribunal Supremo ratificó ayer en líneas generales las penas impuestas por la Audiencia Nacional a los 29 acusados por la primera época de la Gürtel (1999-2005), incluido que el PP se benefició de los delitos cometidos por la trama corrupta, al igual que la exministra Ana Mato, aunque ambos los ignoraran. La única concesión al partido presidido por Pablo Casado es que la sentencia, que confirma el veredicto que provocó la caída del Gobierno de Mariano Rajoy en el 2018, considera que las referencias de la Audiencia Nacional a la caja b no eran el objeto de los hechos juzgados y no se pudo defender. Aunque en un primer momento, trascendió que el Supremo calificaba de «excesivas» dichas referencias, horas más tarde, en una nota de prensa, aclaró que ese calificativo correspondía a un voto particular y que «en ningún caso la sala incluye esta palabra al valorar los párrafos de la caja b.
Pero el Supremo declara entender que la Audiencia utilizara toda la prueba que afectaba al partido al ser el «nexo común que sirve de amalgama al conjunto de episodios» de corrupción declarados probados. Y eso incluye la caja b, recogida en la contabilidad manuscrita que llevaba su extesorero Luis Bárcenas, y que apareció una y otra vez en el juicio.
De ahí que llegue a la misma conclusión que la Audiencia Nacional, respecto a que el grupo de Francisco Correa creó «un auténtico sistema de corrupción que manipuló la contratación pública a través de la relación con influyentes miembros del PP». Era «una estructura de colaboración estable, consistente en la prestación de múltiples y continuos servicios relativos a viajes, organización de eventos, congresos, etc., dentro de la normal actividad de dicho partido político», afirma el alto tribunal, validando el meollo que dio pie a la moción de censura que desalojó a Rajoy del Gobierno.
LAS PENAS Los cambios producidos en las penas consisten en que algunas se han elevado al castigar de forma separada el fraude y la malversación, como pidió la fiscalía en su recurso, y se han aumentado algunas multas. A otros acusados les ha ocurrido lo contrario. Bárcenas ha visto así cómo su condena de 33 años y 4 meses ha pasado a 29 años y un mes.
El principal acusado, Correa, ha sido condenado a 51 años en vez de 51 años y 11 meses por la colaboración que prestó en el juicio, y la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias, cumplirá 12 años y 11 meses y no 15 años.
La sentencia, de 1.843 folios, confirma la comisión de todos los delitos propios de la corrupción: cohecho (activo y pasivo), falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, pre
El tribunal valida la «estructura de colaboración
estable» entre la trama de Correa y miembros del Partido Popular El veredicto eleva algunas de las penas impuestas a los 29 acusados y mantiene la condena al PP
El «eficaz sistema de corrupción» se basaba en la manipulación de los contratos públicos
varicación, asociación ilícita, fraude a la administración pública, blanqueo, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida y exacciones ilegales.
El Supremo hace suyo el relato de la Audiencia y declara que se creó «un auténtico y eficaz sistema de corrupción a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública, autonómica y local, a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido, que tenían posibilidades de influir en los procedimientos de toma de decisión en la contratación pública de determinados entes y organismos públicos que dirigían o controlaban directamente o a través de terceras personas».
Ello permitió que, «bien las empresas de Correa u otras elegidas por él, con el acuerdo y colaboración de aquellos cargos públicos, gozaran de un arbitrario trato de favor y tuvieran un dominio de hecho sobre la contratación pública llevada a cabo por las entidades públicas parasitadas». Para ello sobornaron, emitieron facturas falsas y montaron un entramado para acceder a la contratación, ocultar la procedencia ilícita de los fondos y su ulterior destino, hasta hacerlos aflorar al circuito legal, sin declararlos a Hacienda, afirma el alto tribunal.
El PP fue partícipe a título lucrativo de ello por los actos electorales que sufragó el grupo de Correa en Majadahonda y Pozuelo de Alarcón con Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda de candidatos, y deberá abonar 133.628 euros por los actos de Majadahonda y 111.864 euros por los de Pozuelo. Ana Mato, entonces esposa de Sespúlveda, lo es por los 27.857 euros que costaron los viajes y regalos que recibió su familia y Gema Matamoros (esposa de Ortega), por 45.066 euros.