Reformas antiliberales

En un Estado de derecho el poder político está sometido a la ley. Y en la arquitectura de la democracia liberal los poderes se limitan unos a otros. Chocan porque la naturaleza del poder siempre es expansiva, especialmente la del poder ejecutivo. Los intentos de controlar el poder judicial por parte de los gobiernos son frecuentes.

Uno de los problemas de la vida pública española es la colonización de los partidos. En sus casos más ridículos, produce una resignificación delirante de elementos de la vida cotidiana, a menudo al servicio de marcas comerciales. En otros, más preocupantes, los partidos han tratado de ocupar también la sociedad civil y, por supuesto, de poner las instituciones al servicio de sus intereses particulares.

Es algo que se lamenta desde hace tiempo del poder judicial en España. El Tribunal Constitucional ya alertó en 1986 de que la reforma para que los vocales del consejo de origen judicial fueran elegidos por las cámaras con mayoría de 3/5 podía terminar trasladando al consejo la división del parlamento. Las reformas posteriores aumentaron la interferencia política. En los últimos años ha habido casos grotescos. Elisa de la Nuez ha expuesto los errores del mandato de Lesmes. Con la excusa de la negativa del PP a renovar el órgano, Podemos y el PSOE han presentado una propuesta de ley para

Los intentos de los gobiernos por controlar el poder judicial son frecuentes

reducir la mayoría requerida: pasaría de 3/5 a la mayoría absoluta, lo que permitiría excluir a la oposición. La supuesta solución empeora el problema. Como escribe el profesor de Derecho Constitucional Germán Teruel, si podría ser sensata la propuesta de limitar las competencias del consejo en funciones, es «inaceptable constitucionalmente que se justifique la reducción de la mayoría requerida para elegir los vocales judiciales en el propósito de reflejar la pluralidad». A su juicio, «es un burdo intento de colocar a los peones propios con la mayoría que sostiene el Gobierno sin ni siquiera hacer el paripé de repartir las cuotas y prestarse los votos, como venían haciendo, para alcanzar las mayorías cualificadas».

Esta reforma cínica y antipluralista no se presenta como proyecto de ley del Gobierno, sino como proposición de dos grupos parlamentarios, para evitar los informes del CGPJ, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal. La propuesta viene después de que Sánchez nombrase fiscala general del Estado a quien fue su ministra de Justicia, y después del anuncio de modificar el delito de sedición en el Código Penal, sin consenso, para que a los independentistas les salga más barata su próxima asonada. Esta reforma, sostiene el profesor Teruel, «debilita nuestro Estado de derecho y se sitúa en la tendencia de moda de regímenes antiliberales». @gascondaniel