Francia investiga a su ministro de Sanidad
Registra su casa y la del exprimer ministro por supuesta mala gestión
La investigación judicial sobre la gestión de la crisis sanitaria por las autoridades políticas y sanitarias francesas se tradujo ayer en acciones concretas. Los domicilios del ministro de Sanidad, Oliver Véran, de su antecesora, Agnès Buzyn, del director general de Sanidad, Jérôme Salomon, y del exprimer ministro Édouard Philippe fueron registrados por los gendarmes de la Oficina Central de Lucha contra los Daños Ambientales y de Salud Pública (OCLAESP).
El pasado mes de julio, la Corte de la República (CJR) abrió una investigación por un posible caso de «abstención de combatir un daño», delito penado con hasta dos años de cárcel. El tribunal recibió más de 90 denuncias contra varios miembros del Ejecutivo por su supuesta mala gestión de la crisis sanitaria. Solo nueve fueron retenidas por la corte republicana, encargada de crear una comisión de investigación.
«Puesta en peligro de la vida ajena», «homicidio involuntario» o «falta de asistencia a una persona en peligro» fueron algunos de los argumentos inscritos en las denuncias presentadas a mediados de marzo, cuando la epidemia golpeaba con fuerza.
Las comparecencias de la acusación empezaron el pasado mes de septiembre. Representantes del colectivo de personal sanitario C19 denunciaron ante el tribunal «la incoherencia de las medidas» y «la falta de aplicación de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)».
Por aquel entonces, el abogado de los tres médicos del colectivo,
Fabrice di Vizio, aplaudió una investigación judicial que «por primera vez en la historia», dijo, «va a examinar la cuestión de la responsabilidad penal de los ministros no después de la crisis, sino mientras la crisis sigue en curso».
«Esperamos que estos testimonios puedan ayudar a la Corte de la República a comprender la verdad: ahora sabemos que Agnès Buzyn y Édouard Philippe fueron informados a tiempo sobre la situación sanitaria en China y su posible impacto en Francia», explicó el letrado al periódico semanal Le Journal du Dimanche.
El objetivo de los registros es recopilar pruebas sobre su controvertida gestión de la crisis.