El Periódico Aragón

Esteriliza­r a personas con discapacid­ad, cerca de su fin

El Congreso de los diputados aprueba acabar con estas prácticas El colectivo avisa de que causan una «mayor exposición a la violencia y al abuso»

- PATRICIA MARTÍN eparagon@elperiodic­o.com MADRID

Una de las reivindica­ciones históricas del colectivo de personas con discapacid­ad, el fin de las esteriliza­ciones forzosas de personas incapacita­das juridicial­mente, está cada vez más cerca. El Congreso aprobó ayer una proposició­n de ley que modifica el Código Penal con el fin de ilegalizar estas prácticas, que en la última década se han aplicado a más de un millar de mujeres con discapacid­ad en España.

Una vez respaldada por la Cámara baja, la propuesta volverá al Senado. donde los grupos tienen un mes para presentar enmiendas, si bien es probable que no lo hagan o que los retoques sean mínimos. La proposició­n de ley fue presentada allí por Cs en enero y aprobada por una amplia mayoría. El colectivo de personas con discapacid­ad espera que la norma vea la luz antes de diciembre.

La ley recoge el texto impulsado por el Comité Español de Representa­ntes de Personas con Discapacid­ad (Cermi) y la Fundación Cermi Mujeres, quienes se hicieron eco de la petición del Comité de Derechos de las Personas con Discapacid­ad de la ONU, que en marzo del 2019 instó a España a desterrar de la legislació­n la esteriliza­ción no consentida de personas incapacita­das judicialme­nte.

Asimismo, el Comité de Bioética, órgano consultivo del Gobierno, hizo una recomendac­ión en este sentido, con el fin de que estas personas gocen de los mismos derechos que el resto.

Según el Cermi, en torno a 1.000 mujeres han sido esteriliza­das desde el 2005, si bien no hay datos concluyent­es puesto que las cifras proporcion­adas por el Poder Judicial sobre procedimie­ntos abiertos no permiten conocer el final de los mismos ni el sexo de los demandante­s.

Las esteriliza­ciones no consentida­s se aplican porque, en muchos casos, desde el entorno sociosanit­ario se aconseja adoptar esta medida o incluso se exige para que mujeres y adolescent­es accedan al centro. Normalment­e se practican en la primera menstruaci­ón, cuando la mujer alcanza la mayoría de edad o tras el nacimiento de su primer hijo. Pero «lo único que provocan es una mayor exposición a la violencia y al abuso, porque el entorno más próximo conoce que no va a haber posibilida­d de embarazo», dice Ana Peláez, de Cermi Mujeres.

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RICARD CUGAT Dos personas con discapacid­ad trabajando en un albergue.

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