llama la atención a España por la reforma del poder judicial
Bruselas recuerda que el Gobierno debe garantizar la «independencia judicial» Justicia defendió en Europa el sistema de renovación que ahora quiere cambiar
La reforma exprés del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), planteada por el PSOE y Unidas Podemos, que apuesta por reducir las mayorías para elegir a los jueces y acelerar el trámite para eludir los informes de los órganos consultivos, ha sido recibida con mucha frialdad en Bruselas. La Comisión Europea advirtió ayer de que cuando un Estado miembro emprende una reforma de su sistema judicial debe consultar antes los cambios con las partes afectadas y con el Consejo de Europa, y, sobre todo, que es importante garantizar que «la independencia judicial» no se vea comprometida en este proceso.
«La Comisión está al corriente del nuevo proyecto de ley y estamos siguiendo de cerca los acontecimientos a este respecto», indicó a este diario el portavoz de justicia de la Comisión Europea, Christian Wiegand, sobre los planes del Ejecutivo de Pedro Sánchez para desbloquear la renovación.
En este sentido, Bruselas recuerda que hace apenas 15 días, en su primer informe sobre el Estado de derecho en la UE 2020, ya avisó de la «importancia de reducir la influencia del poder legislativo o ejecutivo sobre el judicial para reforzar la independencia judicial».
CONTRA LA POLITIZACIÓN $ Concretamente, en el capítulo dedicado a España, el Ejecutivo comunitario apuntó a la situación en el CGPJ como uno de los «desafíos» pendientes y advirtió de que «es importante garantizar que el Consejo no sea percibido como vulnerable a la politización». Es más, según subraya el portavoz comunitario en su respuesta, «cuando los estados miembros reforman el sistema judicial, siempre deberían hacerlo consultado a todos los actores relevantes, incluida la Comisión de Venecia, «el órgano consultivo del Consejo de Europa una institución intergubernalmental con sede en Estrasburgoresponsable
de velar por el respeto del Estado de derecho. También añade Bruselas que «los estados deben seguir los estándares de la UE para garantizar que la independencia judicial no se vea comprometida».
El aviso coincide con la ofensiva lanzada por la oposición en contra de la reforma, que, según Partido Popular y Ciudadanos, puede afectar a la llegada de fondos europeos. El jefe de filas de los populares, Pablo Casado, voló ayer hasta Bruselas, donde se celebraba la cumbre de líderes de la UE, para informar de esa iniciativa al Partido Popular Europeo, entre otros, a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen; la cancillera alemana, Angela Merkel; y los comisarios y dirigentes de ese partido en toda la Unión Europea.
Fuentes del Gobierno consideran que el PP está siendo «desleal» y trata de «confundir» a los ciudadanos al asegurar que la iniciativa promulgada por el PSOE y Unidas Podemos puede poner en peligro la recepción de las ayudas europeas. En la misma línea, critican que los populares «incendien» este debate en las instituciones europeas.
Paradójicamente, el Ministerio de Justicia remitió a principios de mayo a la Comisión Europea un extenso informe de 96 páginas en defensa del sistema judicial español en el que citaba como argumento para demostrar la independencia judicial la mayoría de tres quintos del Congreso con la que se designa a los vocales del CGPJ. Una garantía que, únicamente seis meses después, el Gobierno pretende sustituir por la mayoría absoluta.
MANDATOS DE CINCO AÑOS El informe, al que ha tenido acceso este diario, ensalza el hecho de que el mandato de los vocales se alargue por un periodo de cinco años, para que «no coincida con la duración de la legislatura, por lo que el CGPJ coincidirá, como mínimo, con una legislatura distinta de la que lo eligió».
El informe agregaba que «esta exigencia de mayoría cualificada de tres quintos» prevista para que las Cortes elijan a los 20 vocales «garantiza, a la par que la absoluta coherencia con el carácter general del sistema democrático, la convergencia de fuerzas políticas diversas, y evita la conformación de un CGPJ que responda a una mayoría parlamentaria concreta y coyuntural, reforzando su independencia frente al poder político», al tiempo que «se evita que otro poder del Estado, particularmente el Poder Ejecutivo, pueda influir directa o indirectamente en la independencia judicial».