El Supremo y la corrupción del PP

La sentencia del Tribunal Supremo sobre la primera etapa de la trama

Gürtel confirma, con ligeras variaciones en las penas, la emitida por la Audiencia Nacional, que desencadenó el terremoto político que culminó en el éxito de la moción de censura contra Mariano Rajoy. El fallo ratifica la responsabilidad civil a título lucrativo del PP, que se benefició de la red corrupta incluso si ignorara el origen ilícito del dinero. Los jueces señalan que se creó «un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional» mediante «mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local» a través de la «estrecha y continua relación» de la red corrupta con «influyentes militantes» del PP. Entre el grupo de Francisco Correa y el PP se tejió, pues, «una estructura de colaboración estable» para «la prestación de múltiples y continuos servicios».

Pese a que la sentencia del Supremo confirma los hechos probados, el PP y Rajoy se han refugiado en un párrafo de los 1.843 folios de la decisión judicial para asegurar que la moción de censura presentada por Pedro

Sánchez estaba basada en «mentiras» y en una «enorme manipulación». Rajoy llega a hablar de que la sentencia es para él una «reparación moral». Nada más lejos de la realidad.

La sentencia lo único que precisa es que la Audiencia Nacional se extralimitó al incluir en su relato de hechos probados la existencia de una caja B del partido porque ese no era el objeto del juicio, como tampoco lo era la financiación ilegal del PP. Sin embargo, los jueces aceptan que la Audiencia Nacional mencionara el resultado de las pruebas relacionadas con el partido, que era el «nexo» de todos los hechos probados. Aunque no se puede afirmar que el PP se financiara ilegalmente, los jueces admiten que algunos de los delitos probados están vinculados a una contabilidad paralela del partido, cuya existencia será examinada en otro juicio del caso Gürtel.

A la vista de lo que afirma la sentencia, es inaudito que el PP intente interpretar que no se ha probado la corrupción del partido cuando su extesorero Luis Bárcenas, exalcaldes, altos cargos y un exconsejero de la Comunidad de Madrid han sido condenados a elevadas penas de cárcel.

Y produce sonrojo que el PP pretenda deslegitimar el Gobierno surgido de la moción de censura contra Rajoy teniendo en cuenta que la precisión de la sentencia sobre la caja B no anula las razones para presentarla y, además, después de la moción se han celebrado dos elecciones generales que sancionaron la responsabilidad política del partido.

Es inaudito que el PP intente interpretar que no se ha probado la corrupción del partido cuando Bárcenas y otros cargos tienen condenas de prisión