La crisis del covid ya se refleja en un aumento de los desahucios
Otras cinco familias serán desalojadas en los próximos meses en la comunidad El Gobierno de Aragón garantiza ayudas para todos los casos posibles
La pandemia del covid-19 está afectando en mayor medida a las familias que ya estaban en situación de emergencia habitacional, según denuncian las asociaciones agrupadas en la plataforma Aragón sin desahucios. Y las cosas no parecen mejorar con el paso de los meses desde el confinamiento, pues según la coordinadora ahora es cuando empiezan a hacerse visibles las consecuencias económicas de una crisis «que va más allá de la congelación de los salarios, la falta de trabajo y los despidos» cebándose en la vivienda «y afectando a familias que no pueden pagar los altos precios del alquiler, o que tienen un proceso de desahucio abierto y las que están pendientes de que se les renueve la moratoria, personas que viven con una inseguridad y un estrés continuo en la certeza de que se van a quedar en la calle, ya que está creciendo el número de desahucios sin alternativa habitacional». Y, con el objetivo de hacer visible esta realidad, desde la coordinadora detallaron ayer las fechas en las que están previstas las salidas de sus hogares de cinco familias. Así, en los próximos dos meses 28 personas, entre las que se encuentran bastantes menores, están amenazadas con un desahucio forzoso, una situación que se agrava por culpa de la pandemia.
La portavoz del colectivo, Concha Cano, recordó que desde el fin del estado de alarma ya se han producido casi 50 expulsiones del hogar de estas características. Además, lamentaron que la autoridades no quieran sentarse a negociar. «El pasado 12 de octubre, después de reiterados incumplimientos de la Ley 10/16 que obliga a las administraciones públicas aragonesas a la dotación de alternativa habitacional, las plataformas y colectivos agrupados en la Coordinadora de Vivienda de Aragón solicitamos una reunión de urgencia con el presidente de la comunidad, Javier Lambán, y la consejería de Vertebración del Territorio, pero el plazo para la reunión urgente cumplía este viernes 16 de octubre y mientras tanto se acumulan las fechas de desahucio como las familias atrapadas en la exclusión residencial», expresó.
Los casos a los que hacen referencia son variados y desde las administraciones se asegura que se atienden todas las circunstancias particulares para que nadie quede en la calle. El Gobierno de Aragón destacó que da respuesta habitacional a las situaciones de desahucios que provienen del convenio con el Consejo del Poder Judicial y la FAMCP y, en este sentido, indicaron que en el 2020 se ha dado opciones para 17 casos de los que cinco han renunciado a la propuesta.
Otra de las líneas de trabajo para evitar los desahucios, según recordaron, es el servicio de mediación. «Se han atendido 26 casos en este año para buscar una solución entre las partes implicadas», precisaron desde el departamento de Vertebración. «En muchos casos lo que ocurre es que el contrato de alquiler finaliza y la parte que arrienda no tiene intención, ni obligación, de renovar ese contrato». En este caso, la dirección general de Vivienda y Rehabilitación no tiene obligación de ofrecer una respuesta habitacional pero existen otras medidas, como las ayudas al alquiler o las ayudas de Servicios Sociales que pueden utilizarse
para el pago de un alquiler. En estos casos también se emplea la herramienta de la mediación.
Eso sí, en algunos de los casos expuestos por la plataforma Aragón sin desahucios reconocen que no se actúa «ya que se trata de ocupaciones de vivienda». Ahí defienden la necesidad de mantener la legalidad. «En el caso de la ocupación de una vivienda vacía, desde el Gobierno de Aragón no se puede legitimar dando una vivienda social, en esta situación, es necesario hacer una intervención social con seguimiento o buscar alguna de las ayudas que ya existen», manifiestan. Y describen que desde el principio de la pasada legislatura se trabaja para incorporar viviendas de entidades financieras a la bolsa de alquiler social.
Con todo, las plataformas creen que no es suficiente. En una concentración en las puertas del edificio Pignatelli pidieron atención urgente, sobre todo la las familias con niños pequeños a su cargo. «Prometen muchas cosas, pero luego nada», lamentaron Cristina y Salvador, con un desahucio señalado para el 23 de noviembre.
«Cada día tenemos más gente en nuestras asambleas», alertó Cano, quien evidenció que la pandemia ha provocado que mucha gente que «subsistía» y pagaba el alquiler gracias a la economía sumergía ahora no pueden justificar su reducción de ingresos, por lo que es «mucho más» vulnerable. Un problema que se suma al cambio en la valoración de las ayudas con la llegada del Ingreso Mínimo Vital (IMV).