Una elección en el punto de mira de Europa
lleva años pidiendo a España que la selección de los miembros del Poder Judicial se deje en manos de los jueces
El Consejo de Europa recomienda que los partidos no participen en la designación
Polonia y Hungría se citan como espejos, pero hay diferencias notables con la reforma de Sánchez
Apenas dos semanas después de que Europa mostrara su preocupación por que el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial siguiera pendiente, la reforma con la que el Gobierno de PSOE y Podemos pretende urgir al PP para abordar la renovación de este órgano ha hecho saltar las alarmas europeas sobre la independencia judicial en España. De momento, no es más que una propuesta. Pero la Comisión Europea sigue de cerca los acontecimientos y si esta se aprueba podría acabar por pronunciarse. La UE fija unos estándares que deben seguir todos los estados miembros y a los que se comprometen en sus tratados, entre los que se encuentra reforzar la independencia judicial.
La Red Europea de Consejos del Poder Judicial, creada en 2002, defiende que la designación de los miembros del órgano de gobierno de la judicatura «debe dejarse, directa o indirectamente, en manos de los jueces, empleando métodos democráticos que garanticen una naturaleza pluralista de la representación en el Consejo y una amplia legitimación». Una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos también exige a los estados que garanticen la independencia y eviten influencias de los otros poderes.
El Grupo de estados contra la Corrupción (GRECO) ha recomendado reiteradas veces a España que cambie su sistema de elección de jueces. En su último informe, de junio de 2019, insistió en que «las autoridades políticas no deben participar, en ningún momento, en el proceso de selección de los vocales del turno judicial».
En la respuesta que el Ministerio de Justicia envió a Estrasburgo este mismo año, el propio CGPJ defendió que su actual composición es «fruto de un acuerdo parlamentario adoptado por más del 90% de sus miembros, no siendo baladí la presencia de muchas fuerzas políticas en ambas cámaras, y el sistema de elección de los vocales puede ser susceptible de cambios, pero es incuestionable desde un punto de vista de legitimidad democrática». Pero ese acuerdo se iría al traste si acaba por aprobarse la reforma de PSOE y Podemos, que no solo mantiene la participación de las autoridades políticas en la elección de los jueces y elimina que sea por mayoría cualificada.
La respuesta de Polonia
Que la oposición en España iba a aprovechar la iniciativa para arremeter contra el Gobierno estaba entre los cálculos de socialistas y morados. No así que una de las primeras réplicas llegara del subsecretario de Asuntos Exteriores polaco, Pawel Jablonski, que pedía a la Comisión Europea intervenir como lo hicieron con Polonia.
Junto a PP y Ciudadanos, Varsovia ha contribuido a que los ojos de Europa se posen en el Poder Judicial español. Además de Hungría, son los únicos estados miembros a los que se les ha activado el artículo 7 del Tratado de Lisboa, que permite que sean sancionados por violar valores básicos de la UE. En enero de este año, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se denunciaba la deriva autoritaria de ambos países, con especial mención a la independencia de sus sistemas judiciales, y se exigía a la Comisión Europea que interviniese de manera contundente. El PP español rompió la unidad de voto con sus compañeros de grupo europeo y votó en contra.
En Polonia, la elección de los miembros de su Consejo Nacional del Poder Judicial era mixta: 6 elegidos por el Parlamento, 4 miembros natos y otros 15 jueces elegidos por sus iguales. La reforma de 2016 supone que esos 15 también pasen a ser elegidos por el poder legislativo.
En el caso de Hungría, el Consejo Judicial Nacional está compuesto por 15 jueces. De ellos, 14 los elige una conferencia de jueces, a los que designa el Parlamento.