Bellido lamenta que no se haya cambiado la ley para frenar al covid
El presidente del TSJA evita valorar si la Justicia podría tumbar el nuevo decreto ley
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Manuel Bellido, respondió ayer en la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón a quienes en los últimos días han puesto sobre la mesa las resoluciones judiciales dispares ante las medidas adoptadas por los Gobiernos para hacer frente a la pandemia, y a las preguntas efectuadas en este sentido por los parlamentarios de Izquierda Unida, Chunta Aragonesista y Podemos. En Aragón, tras la polémica generada por que la Justicia tumbara el confinamiento de La Almunia de Doña Godina y la restricción de aforos en la hostelería de Zaragoza, Bellido reclamó en el Parlamento que se promulguen normas que den amparo legal a la excepcional situación de pandemia mundial. «Para que haya menos discrepancias judiciales es importante tener buenas leyes y que esas leyes se adapten a la situación real en cada momento», subrayó. Y reclamó, a cada institución, ejercer su función correctamente. «Corresponde al poder judicial el control de la actuación de la Administración; al Gobierno, gobernar y plantear reformas, y a los parlamentos, legislar y a ser posible con las mejores leyes. Si cada una de las instituciones cumple con sus funciones, los problemas, se solucionan», señaló.
De hecho, consideró que los problemas llegan «cuando no tenemos leyes que se ajustan a la situación real», lo que provoca que haya «tribunales que se ajustan más al espíritu de la ley y tribunales que hacen una interpretación más amplia». «Nadie puede pretender que en democracia todos los jueces resuelvan igual, porque entonces tendríamos que plantearnos que no estábamos en una democracia sino en otro sistema distinto», aseguró. Aun así, reconoció que las discrepancias en las resoluciones judiciales «no son positivas ni para la sociedad ni para la propia Justicia, porque generan desconfianza entre los ciudadanos».
Al mismo tiempo que Bellido intervenía en las Cortes de Aragón, las consejeras de Presidencia y de Sanidad, Mayte Pérez y Sira Repollés, comparecían en la sala de prensa del Pignatelli para anunciar la publicación del nuevo decreto ley que pretende dar amparo legal a las medidas restrictivas en aforos y que abren la puerta a los confinamientos perimetrales para detener el avance del coronavirus. Sin embargo, el presidente del TSJA no entró a valorar la medida, ni si se producirá un nuevo revés desde los tribunales.
«No puedo lo adelantar (si habrá decisiones judiciales que tumbarán el decreto) porque ni siquiera he leído el decreto ley. Es muy importante que haya un marco normativo bien hecho, que el Gobierno y las Cortes hagan su función y que el poder judicial también la haga. No puedo adelantar opiniones jurídicas, porque eso corresponde a la sala de lo contencioso administrativo», indicó el presidente del Alto Tribunal, que recordó que esta no es su especialidad en el ámbito jurídico.
Sin embargo, sí dejó entrever que considera positivo que el Gobierno autonómico legisle, en tanto en cuanto la legislación vigente no está preparada para hacer frente a una pandemia mundial, «pues no se había producido una desde 1918, con la llamada peste española». «Funcionamos con la normativa constitucional sobre el estado de alarma y la normativa de Sanidad. Evidentemente la situación en este momento en España, en Europa y en el resto del mundo, justifica que se legisle para atender una situación de esta gravedad sobre la que no se había pensado hace unas décadas», recordó. Y planteó que debería haber «una norma adecuada» que emanara del Estado. «Ya han pasado meses desde que comenzó la pandemia», apostilló.
Por otro lado, Bellido manifestó en su comparecencia la importancia de los principios de «transparencia en la gestión» y «colaboración entre las instituciones» en un contexto como el actual de «crisis social, económica y sanitaria».
«Las discrepancias no son positivas ni para la sociedad ni para la propia Justicia»
bierno de Aragón» como los argumentos facilitados en la reunión. La cautela se debe, sobre todo, a «los varapalos judiciales que acumula el Ejecutivo autonómico cada vez que dicta una orden referida al coronavirus».
Por su parte, el portavoz de IU, Álvaro Sanz, celebró que se tomen medidas y que al mismo tiempo se busque la convalidación de las Cortes de Aragón, de forma que todos puedan presentar las alegaciones correspondientes. Y exigió que la balanza entre la economía
La oposición reclama ayudas