Montero minimiza los escollos con Podemos por los Presupuestos
La ministra sostiene que apenas quedan «flecos» para cerrar el proyecto de ley La portavoz subraya que hay consenso en la cuestión de los alquileres
En una rueda de prensa dominada de nuevo por la situación sanitaria y la posibilidad de un nuevo estado de alarma más generalizado para poder decretar el toque de queda en los territorios con mayor incidencia del coronavirus, apenas descolló un tema más puramente político. Y el que determinará la continuidad de la legislatura: los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2021. El Gobierno ultima ya el proyecto de ley, espera poder llevarlo al Congreso antes de que acabe octubre, y minimiza las diferencias entre los dos socios de la coalición. No hay «escollos» entre PSOE y Unidas Podemos, sino «flecos pendientes» que se confían cerrar en estos días, en una semana «decisiva» para el futuro del texto.
La titular de Hacienda, María Jesús Montero, salía así al paso de las diversas informaciones publicadas ayer que indicaban el choque entre los dos miembros del Ejecutivo a cuenta de los alquileres y de los impuestos a las rentas más altas. En concreto, la dificultad estriba, de un lado, en la limitación de los precios del alquiler, una bandera del programa de gobierno conjunto. Los morados quieren ligarlo a los PGE pero este lunes el titular de Transportes, José Luis Ábalos, apuntaba que había que esperar a que el mercado inmobiliario se normalizase y se «despejasen las incertidumbres» para poder incorporar esa medida. Las discrepancias entre los socios afectaban también a la fiscalidad de las rentas más altas —gravar en el IRPF aquellas por encima de los 200.000 euros— y de los grandes patrimonios y a una subida decidida del IPREM, que sirve de guía para la concesión de prestaciones sociales.
Montero, la negociadora socialista y titular de Hacienda, descartó que pueda hablarse de «escollos». El acuerdo dentro del Ejecutivo está «practicamente ultimado», señaló tras el Consejo de Ministros, a falta de «algún fleco pendiente», por lo que se aprovecharán los próximos «días» para cerrar el texto. Si los equipos de los dos socios no consiguen rematar esas cuestiones a debate, serán los dos líderes quienes abrocharán el proyecto por arriba, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.
La intención del Ejecutivo es llevar al Congreso el proyecto de ley antes del 31 de octubre. Respecto a alquileres, Montero hizo hincapié en que PSOE y Unidas Podemos comparten la necesidad de limitar precios. Lo que les separa es el «cuándo», reconoció. Los morados quieren ir más deprisa. La ministra no supo precisar si dará tiempo a acompasar la tramitación de los Presupuestos y de la ley estatal de vivienda, porque dependerá de los ritmos que fije Transportes. Los ritmos, dijo, quedarán marcados por los «trabajos técnicos» del ministerio que dirige Ábalos. No obstante, sí garantizó que los PGE contemplarán partidas específicas que sufragarán «las primeras acciones» sobre vivienda que despliegue el Ejecutivo.
En cuanto a impuestos, la ministra María Jesús Montero no quiso avanzar umbrales de renta ni si habrá alzas en IRPF. Insistió en que el proyecto de ley habrá de contemplarse en su conjunto, no a través de medidas «aisladas». No obstante, sí dio por descontada una subida del IPREM, aunque queda por perfilar la cuantía de ese incremento. exmujer del líder de la Gürtel y exjefa de Gabinete del Ayuntamiento de Majadahonda, Carmen Rodríguez Quijano (17 años y ocho meses de prisión); el exconcejal de dicho ayuntamiento Juan José Moreno (17 años y dos meses); el exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda (14 años y cuatro meses); la que fuera administradora de las empresas del Grupo Correa Isabel Jordán (14 años y 11 meses); y el contable de la Gürtel, José Luis Izquierdo (13 años y 10 meses).
También para la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias (12 años y 11 meses); el abogado Luis de Miguel (nueve años y un mes); el exconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente (siete años y nueve meses); y el exconcejal de Estepona Ricardo Galeote (seis años y seis meses). Anticorrupción ya solicitó prisión provisional para estos condenados en mayo del 2018, pero la Sección Segunda de la Sala de lo Penal les dejó en libertad con medidas cautelares mientras el Supremo revisaba los recursos contra su sentencia.