De 10 años de cárcel a una multa por desobediencia

desobediencia. Laplana ya estaba acusada de sedición. Pese a las graves penas a la que se enfrentaban Puig y Soler, el nombre de ambos apareció muy residualmente a lo largo de las sesiones del juicio, que comenzaron en enero y acabaron en junio, tras una pausa obligada por el covid.

El protagonismo había sido de Trapero durante la instrucción y así continuó durante la vista oral, porque fue en quien se centró prácticamente toda la prueba desplegada por la fiscalía. Laplana, como los exresponsables políticos de los Mossos, solo hizo acto de presencia al declarar en relación con su actuación el 20 de septiembre, cuando se desplazó al registro de Economía, pese a encontrarse de baja médica.

Como hizo como testigo en el juicio del procés, se apoyó en varios puntos que han resultado clave en su absolución: que tenía preparado un plan para detener al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, si así le era ordenado; que envió sendas cartas al jefe de la fiscalía catalana y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para ponerse a su disposición, y que se enteraba de las decisiones del Govern a través de la televisión junto a sus compañeros de la prefectura, lo que dificultaba considerarle partícipe de los planes sediciosos de los condenados por el Supremo. que ha pedido al Tribunal Supremo que le investiguen.

«¿Siente usted vergüenza de compartir su vida con un machista o va a seguir callada», preguntó Pedrosa a la ministra de Igualdad, algo que provocó la reacción de la presidenta de la Cámara, Pilar Llop, que la llamó a la cuestión por referirse a asuntos personales de Montero. La senadora del Grupo Popular insistió en esta cuestión tras la llamada al orden de Llop y volvió a interpelar «de mujer a mujer» a la ministra por si se siente «humillada» como compañera de trabajo por el vicepresidente.

Previamente, la parlamentaria popular recordó que el juez García Castellón pide al Supremo que investigue a Iglesias por un episodio con posible agravante de género dentro del caso Dina. Así, reprochó a Montero que su ministerio realiza campañas de advertencia asegurando que prácticas como las que «ha cometido» el vicepresidente segundo constituyen violencia de género. «¿Estas actitudes como las catalogaría usted, como violencia machista, digital o sexista?», preguntó Pedrosa.