El plan de Lambán para el esquí no detiene las caceroladas en el Pirineo
Los propietarios de negocios temen que termine la temporada sin poder trabajar Los ayuntamientos aún están a la espera de los detalles para las futuras contrataciones
El plan especial de empleo para el sector de la nieve anunciado por el Gobierno de Aragón no va a detener las protestas anunciadas por los empresarios del sector en los valles pirenaicos. A pesar de que las principales organizaciones del sector estuvieron presentes en la reunión con los consejeros autonómicos, los presidentes comarcales y los responsables de las diputaciones celebrada el miércoles, desde los negocios afectados de forma directa creen que las medidas anunciadas son completamente insuficientes. «Es pan para hoy y hambre para mañana», resumió ayer el propietario del hotel de los Llanos del Hospital, Jorge Mayoral.
Fue en Castejón de Sos donde las cacerolas, pidiendo un corredor turístico que permita la llegada de visitantes a las zonas afectadas por el cierre de las estaciones de esquí, volvieron a sonar. Y lo hicieron tras la caravana que el miércoles circuló por la autovía de Barbastro y anticipando nuevas movilizaciones para las próximas jornadas, sin descartar acudir a Zaragoza para hacerse escuchar. «Habrá más caceroladas, pues el malestar individual sigue creciendo», precisó Ainhoa Lozano del hotel Casa Arcas de Benasque.
La empresaria consideró que lo anunciado no sirve para dar respuesta a los empresarios de la alimentación, a las tiendas de ropa o a peluquerías, por poner varios ejemplos, ya que los gastos fijos y los alquileres siguen subiendo. Por eso creen que con prudencia se podrían levantar, como mínimo, los confinamientos provinciales. «El fin de febrero está cerca y la situación se alarga», asumió.
El Gobierno de Aragón ha destacado que financiará hasta en un 60% la contratación por parte de los ayuntamiento de los trabajadores que no hayan podido trabajar esta temporada de esquí y anunció que con el levantamiento de la movilidad territorial se rebajará el precio de los pases para Aramón, siempre que los viajeros pasen una noche en un hotel, y también anunció la recuperación del programa escolar de la Semana Blanca.
Hasta que se precisen los detalles de estas iniciativas, en comarcas como el Sobrarbe, que no tiene estación de esquí, confían en que los trabajadores que se encuentran desamparados puedan optar a esta línea de ayudas. «No estamos excluidos, habrá que analizar cómo se interpreta cada caso», expresó la presidenta de la asociación empresarial, Paz Agraz.
Por lo que se sabe, serán las comarcas las que elaboren la lista de personas a contratar, según ha establecido el Gobierno de Aragón, al tiempo que garantiza que habrá partidas suficientes desde el Inaem para afrontar los gastos, según se comprometió la consejera de Economía, Marta Gastón. En un ayuntamiento como Canfranc estiman en una treintena los puestos que podrían necesitar. Y desde Sallent (gobernado por el PP) criticaron que no están capacitados para ofrecer empleo a todas las personas que lo necesiten. «A veces en Zaragoza parece que vivan en otro mundo», indicó el alcalde Jesús Gericó al calcular que en todo el valle de Tena hasta 300 personas podían necesitar este tipo de contratos.
Para intentar calmar los ánimos a pie de calle, las diferentes entidades de empresarios que participaron en el encuentro con el Gobierno de Aragón tienen previsto convocar una mesa de trabajo en la que explicar a los particulares cómo se gestionan las ayudas anunciadas. colectivos más vulnerables. Pero esta ley parece que no les va a dar respuesta».
La formación de izquierdas discrepa en aspectos troncales de la norma. Desde la «generalización del uso de la declaración responsable», al silencio positivo o la «ausencia de una apuesta clara por el refuerzo de la función pública», todas ellas cuestiones que IU intentará enmendar. «El silencio positivo no nos parece adecuado; lo que deberíamos asegurar es que no hay silencio administrativo, pero eso exige más medios y más personal», reflexionó.
Además, considera un error que la nueva norma «reforme 14 leyes y se aborde sin información previa, sin participación y en virtud de un decreto que ya no está en vigor». Por eso, señalan que si lo necesario era garantizar la agilidad para gestionar los fondos europeos, debería hacerse con una actuación específica. «No creemos que la desregulación potencial y la potencial privatización y la omisión de debates profundos sean un camino adecuado para garantizar una administración del siglo XXI», concluyó.