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Segunda regularización fiscal de Juan Carlos I. La cosa va por capítulos y hay mosqueo generalizado y dudas sobre los ritmos y la eficiencia de fiscalía y Agencia Tributaria. Las sospechas de tongo para facilitar el regate ante potenciales delitos fiscale
Los efectos de la segunda regularización fiscal de Juan Carlos I superan el prisma tributario y judicial. El movimiento avalado por el emérito desde su particular retiro en Abu Dabi, persiga los fines que persiga, ha sembrado dudas con aroma a crisis de credibilidad institucional. Y llegan en un momento en que España no parece tener cajones libres para guardar más problemas. Varios días después de que se hiciera público el nuevo intento de saldar con Hacienda viejas cuentas pendientes (está vez por más de 4,5 millones de euros y ligados a viajes y «servicios» de Juan Carlos I sufragados por la Fundación Zagatka), es harto complicado escuchar a alguien loando la rectificación ante el fisco. No se pone el acento en la reparación, motivo por el cual la Zarzuela y el Gobierno habrían dado su visto bueno a esta nueva operación que venía diseñándose hace un tiempo, como adelantó el siempre certero
José Antonio Zarzalejos en una entrevista con este diario sobre su libro Felipe VI, un rey en la adversidad. En la adversidad está. Y los últimos movimientos de su padre, difundiéndose la semana en que se cumplen 40 años del 23-F y su figura, pese a todo, ha sido loada, no ayudan a Felipe. Más lío. Lío y ni rastro de aplausos sobre la segunda regularización.
Ni repasando intervenciones públicas de los monárquicos tradicionalmente acríticos o conservadores de cabecera se intuye complacencia global. Al contrario. Lo que detectan los radares es que el hartazgo social de un país tocado por la pandemia y sus derivadas sanitarias y económicas no enfoca únicamente contra el rey emérito, que también, sino que se pregunta qué están haciendo, y sobre todo a qué ritmo, la Agencia Tributaria y la fiscalía para que sigan llegando regularizaciones reales por capítulos que tratan de esquivar potenciales delitos.
Hay explicaciones técnicas desde los mencionados organismos, haylas, para justificar su paso lento. Desde Hacienda se enfatiza que es la fiscalía quien lleva el peso de la investigación y que, sin amparo judicial, es imposible para los inspectores seguir el rastro de dinero fuera de las fronteras nacionales. Desde el ministerio fiscal se apunta, como adelantó este diario el viernes, que aún no ha llegado el pertinente informe de la Agencia Tributaria sobre la primera regularización del emérito, atención a esto, y ahora se está a la espera de información requerida a Jersey y a que Mónaco responda a una solicitud para interrogar al primo del monarca retirado, Álvaro de Orleans, supuesto creador de la Fundación Zagatka. Sí, la misma que se supone que pagó los viajes y unos «servicios» de Juan Carlos que nadie ha explicado en qué consisten y que habría realizado mientras cobraba asignación pública de las arcas españolas. ¿Será casualidad que el emérito regularice dinero vinculado a esa fundación mientras la fiscalía aguarda que se le responda si puede interrogar a su creador, De Orleans?
Puede ser coincidencia, claro. O no. Pero el asunto se suma a una ya larga lista de sospechas (empezando por las de varios grupos parlamentario de la oposición y una parte del propio Ejecutivo central) que ya se preguntan en voz alta si aquí no hay tongo para que el emérito salga de rositas, a golpe de regularizaciones fiscales oportunas, de sus cuitas con la justicia. Y esas preguntas le llegan y les van a llegar a los miembros del Gobierno en las ruedas de prensa y entrevistas, que afrontan como pueden pero sin lograr disimular la incomodidad que producen.
Montero y los socios
Además el asunto se va a amplificar en las Cortes no tardando demasiado. El presidente Sánchez y su entorno a esta hora saben que Juan Carlos, con su nueva regularización, se la ha liado a efectos de opinión pública al menos por una temporada. Les ha puesto sobre la mesa un nuevo quebradero de cabeza que puede minar su credibilidad, por más «razones técnicas» que haya para explicar la demora en las decisiones de Hacienda o de fiscalía sobre el emérito. El martes la fiscala general del Estado, Dolores Delgado, debe ir al Congreso de los Diputados para presentar la última memoria de la fiscalía y, sin duda, le lloverán preguntas, cuando no reproches, sobre Juan Carlos.
Súmesele que ERC, Junts, PDECat, CUP, BNG y Bildu unen fuezas para reclamar la comparecencia de la titular de Hacienda, María Jesús Montero, a fin de que detalle «en qué circunstancias y condiciones se ha producido la regularización opaca de más de 4 millones de euros». Queda por ver qué hacen Podemos y PNV, pero el malestar de los socios de Sánchez con esta cuestión es evidente. Y puede ir a más.