Unidad institucional en la condena a la violencia
El ‘conseller’ de Interior señala a las juventudes de la CUP y a anarquistas italianos
La escalada de violencia en las manifestaciones de Barcelona ha cogido a los partidos en plenas negociaciones para formar el nuevo Govern. Y en este periodo siempre confuso, de propuestas y contrapropuestas –también en el ámbito de la seguridad–, amplios sectores económicos echaban de menos una contundencia mayor por parte de las instituciones contra los disturbios. La concentración del sábado, en la que se intentó prender fuego a un furgón de la Guardia Urbana con un agente dentro, marcó un punto de inflexión, y ayer los principales responsables del Govern y del Ayuntamiento de Barcelona quisieron condenar con claridad los altercados.
La reunión entre el president en funciones, Pere Aragonès (ERC), la portavoz del Govern, Meritxell Budó, y el conseller de Interior, Miquel Sàmper (JxCat), la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (comuns), y el teniente de alcalde de Seguridad de la ciudad, Albert Batlle (en la órbita socialista), tenía además la virtud de que agrupaba a representantes de las principales fuerzas políticas. Pero del encuentro, en el que también participaron responsables policiales, no salieron compromisos concretos, más allá de la condena de la violencia.
«El derecho a la protesta es una cosa, la libertad es otra», dijeron tanto Sàmper como Colau. «La violencia nunca es el camino, y menos cuando pone en riesgo la vida de las personas», insistió.
Tras confirmar la participación de «anarquistas italianos (cinco de ellos detenidos) y franceses» en los disturbios, y de acusar a «las juventudes de la CUP» de ser uno de los grupos que alientan las protestas, al conseller de Interior se le preguntó por el debate sobre de los métodos de los Mossos. Y Sàmper se pronunció contra la posibilidad de promover una moratoria en el uso de balas de foam. «No es el momento de ponerlo sobre la mesa. El debate tiene que ser sereno», dijo. Y señaló que «no puede ser que los que preservan la seguridad de un país no estén seguros», para salir al paso de las críticas a su dirigencia política de sectores de la policía catalana.