En esta causa están imputadas 13 personas más y las empresas Publicis y Zenith El juez propone juzgar a Rato por corrupción, delito fiscal y blanqueo
Concluye la investigación sobre el presunto patrimonio ilícito del expresidente de Bankia Se le atribuye el cobro de más de dos millones en comisiones y un ‘lavado’ de casi ocho más
El juez de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, dio por concluida la instrucción de la causa relativa al patrimonio del exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato y propone juzgarle por corrupción en los negocios, blanqueo de capitales y delitos fiscales. En esta causa, en la que también están imputadas otras 13 personas y las empresas de publicidad Publicis y Zenith, fue en la que se vio esposado al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia mientras se registraban sus oficinas en el 2015.
En el auto de transformación de las diligencias, el magistrado da 20 días al ministerio fiscal y la Abogacía del Estado para presentar sus escritos de acusación. Este plazo suele alargarse por ser la última oportunidad de los encausados para evitar el banquillo mediante los recursos, una experiencia con la que Rato ya cuenta por su gestión al frente de Caja Madrid y Bankia, y que le supuso una condena a cuatro años y medio de cárcel por las tarjetas black.
La causa sobre el patrimonio, que Rato trata de combatir presentándose como víctima de una investigación «extrajudicial», se divide en tres brazos: uno por el pago por Bankia de más de dos millones de euros en comisiones, de los que él habría recibido más de 800.000 euros; otro, al blanqueo de casi ocho millones de euros mediante su entramado empresarial, y el tercero es por defraudar a Hacienda más de 3,6 millones de euros entre el 2006 y el 2015, aunque en dos de los ejercicios la cuota no llegó por poco a los 120.000 euros requeridos para que haya delito fiscal.
PUBLICIDAD DE BANKIA El juez se remonta al nombramiento de Rato como presidente de Caja Madrid en enero del 2010 y explica que contrató como secretaria a María Teresa Arellano, cuyas funciones fueron aumentando hasta ser directora de coordinación de presidencia y luego de comunicación, cuando «consigue provocar la marcha» de hasta entonces directora, Pilar Trucios. El auto detalla que Rato contrata a la sociedad Lateralmente, de Alberto Portuondo, socio del administrador de varias de sus empresas, Miguel Ángel Montero Quevedo, para la comunicación de Caja Madrid. Y luego, a través de su empresa Kradonara 2001, firma con Albisa Inversiones, también de Portuondo, un contrato para repartirse las comisiones obde tenidas con Publicis y Zenith.
Así, según la resolución, los 40.000 euros mensuales pactados «no se correspondían con una contraprestación real de servicios de consultoría, sino que eran el conducto para dar cobertura legal para abonar a Rato su parte en las comisiones obtenidas por Albisa de las publicitarias Zenith y Publicis, en razón de los contratos de publicidad que firmaron con Bankia y obtenidos durante la presidencia Rato de la entidad».
Para el juez «durante los ejercicios fiscales del 2011 y el 2012 Bankia contrató servicios de publicidad» con ambas empresas, por «una comisión de 2.022.153 euros, que las mercantiles abonaron a Albisa Inversores y, esta, a su vez, en virtud del contrato del 2011, transfirió a Kradonara 2001 de Rato, 835.024 euros».
BLANQUEO DE CAPITALES Según Domingo Plazas, administrador de algunas empresas de Rato, casi todo ese dinero se destinó a Bagerpleta GMBH, dedicada a la explotación de un hotel en Berlín. El juez, además, cifra en «7.287.520 euros los introducidos en España» desde las panameñas Westcastle y Red Rose, a través de Vivaway, controlada por Montero Quevedo, y Kradonara. De esos, 3.697.773 son de origen desconocido, lo que «no obsta para que ingresen en el territorio nacional de opaca manera, recalando la mayor parte en empresas y destinos propiedad o controlados por Rato». Una de esas empresas era Arada, en la que Rato declaraba al fisco las conferencias que hacía.