El presidente canario alerta contra los macrocentros de inmigrantes
Ángel Víctor Torres reclama mecanismos de redistribución interterritorial en la UE
En el año 2019 llegaron a través de la ruta atlántica a las Islas Canarias 2.200 inmigrantes de forma irregular. El año pasado fueron 23.000, lo que supone un incremento del 800%. «No es posible que Canarias, un territorio tan fragmentado y con una población de dos millones de habitantes, pueda hacer frente sola a esta elevada llegada de personas. Necesitamos potenciar mecanismos de redistribución interterritorial en Europa» porque sin una solidaridad compartida «estaremos fomentando un sistema de macrocentros de retención en las regiones que somos frontera», alertó el presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, durante una comparecencia virtual ante la comisión de libertades civiles del Parlamento Europeo.
El problema, expuso durante un debate en el que también participó la comisaria de Interior, Ylva Johansson, es que de las 23.000 personas que llegaron el pasado año cerca de 10.000 aún permanecen en las islas y de ellas, 2.600 son menores no acompañados, «la cuarta parte de todos los menores no acompañados que hay en el conjunto de España». Torres insistió en que el nuevo pacto de asilo e inmigración que negocia la Unión Europea, mientras no se resuelva la situación administrativa de los inmigrantes debe incluir un sistema de reparto obligatorio.
«No podemos reducirlo a la mera voluntariedad. El patrocinio de repatriación de inmigrantes no puede ser la fórmula. Debe exigirse una solidaridad obligatoria. La Comisión Europea propone una solidaridad a la carta pero lo que es de justicia es que todos los países participen», criticó, recordando que el problema en Canarias no es nuevo. El mismo mensaje que trasladó la directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) que insistió en que la presión migratoria que sufre Canarias es un «fenómeno estructural», no coyuntural, porque cuando se cierra una ruta se reactiva otra más mortífera.
Galán criticó la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de bloquear los traslados a la península y le urgió a no convertir a Canarias en un territorio de retención. «Es cierto que Canarias no es Lesbos o Lampedusa» pero «no podemos dejar allí a las personas atrapadas sin previsión de cuál va a ser su futuro», reivindicó Galán. «Todavía estamos a tiempo de no caer en errores de las políticas de otros territorios europeos», indicó. Según sus estimaciones, el año pasado murieron al menos 600 personas en la ruta atlántica, aunque es posible que la cifra sea mayor porque «sabemos que muchos no se han podido contabilizar», y solo 343 personas de las 23.000 que llegaron pidieron asilo porque «no quieren quedarse atrapados en Canarias».
Por su parte, la comisaria de Interior reconoció la enorme presión a la que se enfrentan las islas, que han visto duplicar el número de llegadas en estos dos primeros meses del año. Recordó que Bruselas ya ha aprobado un paquete de 70 millones de euros para crear cinco centros de acogida, y que España ha cerrado acuerdos con la Agencia Europa de Asilo (EASO), para la asistencia en materia de identificación de personas y con la agencia de fronteras Frontex. por «incapacidad» de la mujer para atenderlos y su negativa a seguir las directrices de los servicios sociales.
La resolución concreta que la declaración de desamparo de los menores «no está motivada ni por la edad ni por la salud mental» de su madre, que reside en una localidad de la sierra de la Demanda burgalesa, sino por la evaluación de los técnicos. Estos consideraron que la personalidad de la madre afectaba al desarrollo afectivo y psicosocial de los niños.
Estos, que actualmente tienen cuatro años, se encuentran en régimen de acogimiento familiar del entorno de la madre. Los tribunales ya habían retirado a la mujer en el 2014 la tutela de su hija mayor, ahora en Canadá.