El Gobierno se plantea repartir las ayudas directas por autonomías
Prevé aprobar los 11.000 millones en breve
El Gobierno tiene prácticamente ultimado, a falta de algunos flecos, los aspectos técnicos del plan de 11.000 millones de euros para apoyar a empresas en dificultades por la pandemia que Pedro Sánchez anunció la semana pasada. La intención del Ejecutivo es aprobarlo en el Consejo de Ministros del próximo martes o como muy tarde en el del siguiente martes, el día 16, salvo retraso nunca descartable. El proyecto, así, está pendiente de que se tomen ciertas decisiones políticas, la más importante de las cuales es si se transferirán parte de los fondos a las comunidades autónomas para que estas a su vez los destinen a inyectar ayudas directas a pymes y autónomos, o si será solo el Estado el que conceda todas las ayudas, según han confirmado diversas fuentes a este diario.
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, viene insistiendo en las últimas semanas en que las autonomías son las que están mejor situadas para dar ayudas directas porque conocen mejor el efecto que sus distintas y dispares medidas sanitarias de contención de la pandemia han tenido en sus empresas.
Destaca, así, que las autonomías «han presentado planes» para apoyar a sus compañías con 2.000 millones, que forman parte de los 8.000 millones que les va a transferir este año el Ejecutivo con cargo a los fondos europeos.
APOYO DE LAS COMUNIDADES // En una entrevista en la Cadena SER la noche del martes, Calviño dejó entrever que es partidaria de transferir más recursos a las autonomías: «Estamos trabajando en un conjunto de instrumentos para responder a las necesidades de cada una de las empresas. Y para algunas puede ser que esa inyección, esa ayuda que se está dando por parte de las comunidades autónomas, sea suficiente; en otros territorios puede ser necesario que el Estado complemente o refuerce esa acción de las comunidades autónomas; para otras empresas pueden ser inyecciones de capital lo que sea necesario; y para otras, una reestructuración (del crédito) junto con el sector bancario», aseguró.
Otra de las grandes decisiones políticas pendientes es si las ayudas directas serán solo de capital para reforzar la solvencia de las empresas o también se cubrirán parte de los costes fijos de las compañías, como propuso Unidas Podemos y defienden ministerios como el de Trabajo. También se estudia la «posibilidad de algún tipo de medida fiscal», según adelantó el martes la ministra María Jesús Montero, entre las que estaría la reconsideración de préstamos o recapitalizaciones u otra medida para que cuando se recupere la movilidad se reactive la economía. En este sentido, fuentes gubernamentales apuntan que no serían incentivos sino iniciativas de gestión, como aplazamientos o similares, y que de aprobarse tendrán un alcance limitado.
TERRITORIOS Y SECTORES // El presidente del Gobierno ya adelantó que se apoyará especialmente a las firmas del «sector turístico, la hostelería, la restauración y el pequeño comercio, entre otros», con lo que no es descartable que las nuevas ayudas directas tengan algún tipo de componente de asignación sectorial. La vicepresidenta del Ejecutivo, Nadia Calviño, por su parte, destacó que son especialmente necesarias en algunos «territorios», de manera que es posible que los criterios de reparto beneficien a las comunidades más afectadas.
La otra gran pata del plan, en negociación con la banca, es la creación de un marco de reestructuración de los créditos de las empresas (los avalados por el ICO y está en debate si también el resto), que se articulará a través de un código de buenas prácticas que asumirán las entidades y en el que las quitas en la deuda serán finalmente limitadas, según adelantó este diario. Parte de los 11.000 millones se destinarán a financiar la conversión de algunos de dichos créditos en capital. Conjuntamente al plan, todo apunta a que el Gobierno aprobará prorrogar la moratoria de los concursos de acreedores forzosas.