Dos años por fraude fiscal para el presidente de la patronal hotelera
La sentencia impone además a Jorge Marichal una multa de 586.000 € Le veta el acceso a ayudas públicas y a beneficios tributarios y de la Seguridad Social a raíz de una operación inmobiliaria de 2 firmas de las que es socio
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha confirmado la condena al presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Jorge Marichal, de dos años de prisión, multa de 585.896 euros y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres años por un delito contra la Hacienda pública. Además, tiene que indemnizar a la Agencia Tributaria con 292.948 euros, más los intereses de demora, en concepto de responsabilidad civil.
El fallo ratifica en su totalidad la sentencia del Juzgado de lo Penal número 8 de Santa Cruz de Tenerife, que el 10 de julio de 2019 condenó a Marichal, presidente del Consejo de Turismo de la CEOE desde ese año. Marichal llegó a la dirección de la patronal hotelera nacional en diciembre de 2019, cinco meses después de haber sido condenado en primera instancia. El empresario ha recurrido el fallo de la Audiencia Provincial ante el Constitucional, lo que no suspende la ejecución de la sentencia.
Marichal dio el salto a la patronal nacional desde la presidencia de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, el lobi de los empresarios del sector turístico en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, cargo que aún ostentan y compagina con el de presidente de la patronal hotelera de España.
El caso se inició en noviembre del 2012 con la investigación de una operación inmobiliaria entre las empresas Marmon Atlantis y Clínica San Eugenio. La sociedad limitada Marmon Atlantis, constituida en el 2005 por Marichal y un socio con el que compartía el órgano de administración como administradores mancomunados, compró ese año un local comercial en Tenerife por 300.506 euros que, tras unas obras, se dividió en nueve apartamentos y dos locales.
En el 2009, Marmon Atlantis vendió los apartamentos por 1,49 millones a Clínica San Eugenio, de la que es socio mayoritario Marichal, constructor, hotelero y hasta agosto del 2020 presidente del PSOE de Arona, uno de los principales ayuntamientos turísticos de Canarias, cuya gestión urbanística está manchada por cruces de denuncias sobre corrupción. Agustín Marichal es el padre de Jorge. Ambos son socios de Clínica San Eugenio, por lo que la compraventa se cerró entre empresas vinculadas.
Tras un primer pago de 200.000 euros, la entidad compradora debía abonar otros 1,37 millones en seis meses. Pero la deuda nunca se saldó. Clínica San Eugenio no pagó y Marmon Atlantis nunca abonó el impuesto sobre sociedades por los beneficios logrados en la compraventa, en torno a un millón de euros. Marichal y su socio, como administradores mancomunados de Marmon (a la que se declara como responsable civil subsidiaria), tenían que haber ingresado en el 2009 a la Hacienda pública por el impuesto sobre sociedades 293.000 euros, la suma defraudada a Hacienda.
Marmon Atlantis no depositó sus cuentas anuales, ni sus administradores presentaron la declaración del impuesto sobre sociedades, entre 2006 y 2010. Marichal y su socio ni siquiera llevaron «adecuadamente» la contabilidad de la empresa, que no tenía trabajadores. Solo fue el vehículo para canalizar la compraventa de los apartamentos sin tributar, considera la sentencia. La Agencia Tributaria acudió a los tribunales, que le han dado la razón en primera y segunda instancia en un proceso hasta ahora discreto. Ni el Juzgado de lo Penal ni la Audiencia Provincial aceptaron las justificaciones de los condenados y acreditan el ánimo de defraudar.
«Nunca han reclamado a Clínica San Eugenio la importante deuda que tiene con Marmon, siendo Marichal socio de las dos y amparándose en la relación de parentesco con el otro socio de la compradora [Marichal padre], y ello pese a haber afirmado que los apartamentos están produciendo rendimientos», recoge el fallo. Y añade: «Es un ataque a la más básica lógica si tenemos en cuenta el montante de la operación, superior al millón de euros».
El caso se inició