El PP denuncia que Aragón asiste a 1.400 dependientes menos en un año
Ciudadanía reconoce solo la pérdida de 619 servicios residenciales por la pandemia Los populares critican la caída de 700 empleos, que la DGA espera recuperar pronto
El Partido Popular denunció ayer el «varapalo» que han sufrido las políticas sociales en Aragón, especialmente de la dependencia, con la pandemia del coronavirus. La portavoz popular en Ciudadanía y Derechos Sociales, Marian Orós, alertó de que Aragón atiende a 1.400 dependientes menos que hace un año, lo que se ha traducido también en la pérdida de unos 700 puestos de trabajo en las residencias. Desde el Departamento de Ciudadanía y Derchos Sociales reconocieron que en este año se han perdido 619 servicios residenciales, «no más de mil», y aseguraron que ello se debe al impacto de la pandemia, a los fallecimientos provocados por el virus y al «parón» que han sufrido todos los procesos, como la valoración de dependientes y su incorporación al sistema.
La popular denunció, basándose en los datos del observatorio de la dependencia del 2020, que Aragón atiende a día de hoy a 1.400 dependientes menos que hace un año y que el 76% de las personas que salieron de la lista de espera de la dependencia, lo hicieron a causa de su fallecimiento, no por haber empezado a recibir algún tipo de prestación. Según las cifras ofrecidas por la parlamentaria popular, el pasado año «fallecieron 4 personas al día esperando una prestación o servicio, en cualquiera de las fases de dependencia». Unas cifras que, en este caso, no fueron rechazadas por el departamento. Fuentes oficiales recordaron que también fallecieron más de 8.000 personas que recibían prestación, y más de 6.000 ingresaron al sistema «a pesar de ser un año durísimo».
La parlamentaria popular señaló que la atención residencial ha perdido un millar de plazas, «muy por encima de la media nacional» , con un «retroceso del 9%». Según Orós, «Aragón ha perdido el 12% de empleo que generan las residencias y la ayuda a domicilio, que ha sido congelada. Hay 759 puestos de trabajo menos en el 2020», insistió. Fuentes oficiales aseguraron que la pérdida de empleo es una consecuencia que Aragón comparte con otras comunidades. Y subrayaron que la bajada de usuarios «no obedece a un recorte porque las plazas existen y hay dotación presupuestaria; obedece a las bajas por fallecimiento de residentes y a la situación generada durante la pandemia». Respecto al empleo, incidieron en que este se recuperará «conforme se recupere la normalidad en los centros residenciales y en todos los servicios sociales». Destacaron, además, que gracias al proceso de vacunación, «la confianza vuelve» y se pueden efectuar asignaciones de plazas «con mayor normalidad».
Desde el PP calificaron el 2020 como «un año aciago» para la dependencia. Orós denunció que el promedio de gasto por dependiente en Aragón es de 5.289 euros, un 20% menos que la media nacional. «En lugar de dar plazas en residencias o plazas para centros de día, se dan pequeñas paguitas a los entornos familiares, que son mucho más baratas, y el poco incremento que ha habido ha sido solo en esas prestaciones», manifestó.
Desde Ciudadanía explicaron que la inversión por dependiente atendido «se reduce año a año por la lógica incorporación de dependientes con Grado I, cuyas atenciones a priori son de menor intensidad y por tanto de menor coste». Aun así, reconocieron el impacto del «parón» de la pandemia y defendieron que el Ejecutivo destinará los 19,3 millones de euros que reciba de los fondos europeos para el plan de choque aprobado por el Gobierno central. el informe anual del 2020 del Justicia de Aragón, el plazo máximo de las incapacidades laborales «no es suficiente para la completa recuperación de los pacientes», de manera que «los trabajadores se incorporan sin estar curados o se ven sin recursos asistenciales para mejorar su situación». Sanz recordó que, actualmente, en Aragón hay 1,39 fisioterapeutas por cada 10.000 habitantes.
Y criticó que el sistema de prevención de riesgos laborales se basa en «inercias derivadas de las opciones políticas que se han ido tomando durante 25 años», de forma que este sistema se ha conformado «como un negocio y no como un derecho».
Además, «muchas enfermedades de origen laboral no se derivan a las mutuas y el sistema -público sanitario-- las acaba absorbiendo», por lo que abogó por promover la notificación temprana de las enfermedades laborales y su derivación a las mutuas.
A juicio de Sanz, «es necesario avanzar hacia un sistema de salud que integre la perspectiva laboral de una manera más integral».