Los contrarios a exhumar restos dificultan la extracción de los Lapeña

La exhumación de los hermanos republicanos Antonio y Ramiro Lapeña, fusilados en la guerra civil en Calatayud y enterrados en 1959 en el Valle de los Caídos, no para de encontrar dificultades. Todo parecía que iba bien p ara proceder por fin a su extracción de la cripta, sobre todo a raíz de la consignación de 650.000 euros por parte del Gobierno central para llevar a cabo esta medida, solicitada por numerosas familias de represaliados.

Sin embargo, La Asociación de Defensa del Valle de los Caídos va a recurrir a los tribunales de justicia para que se pare el proceso alegando que los descendientes de 212 personas enterradas en la necrópolis franquista se niegan a que se toquen los restos de sus seres queridos. «Respetamos absolutamente el derecho de cualquier familia a exhumar a sus parientes», señaló ayer Pablo Linares, coordinador de la entidad, «pero exigimos el mismo respeto para quienes no quieran que los suyos sean removidos».

Acogiéndose a la reglamentación mortuoria autonómica y al artículo 526 del Código Penal, la

Las familias de más de 200 enterrados se oponen a tocar la necrópolis

asociación pedirá suspensión cautelar «en cuanto entre la piqueta, o en su momento oportuno», asegura Linares.

Los familiares de los hermanos Lapeña figuran entre los precursores de quienes solicitaron, hace ya varios años, autorización para llevarse los restos de los represaliados, incluso antes de que, en octubre del año 2019, fueran extraídos los del dictador Francisco Franco.

Pero hasta que el juzgado competente de San Lorenzo del Escorial autorizó la exhumación se sucedieron numerosos trámites judiciales que han alargado inútilmente el proceso y el dolor de las familias de los fusilados.

De hecho, el hijo de uno de los hermanos Lapeña, que cuenta en la actualidad con 97 años, ha sufrido problemas de salud, que no tenía cuando se cursó la solicitud, y que le impedirán enterarse de que su progenitor ha sido extraído finalmente de la monumental cripta del Valle de los Caídos para ir a reposar al lugar elegido por sus descendientes.

Ahora, la entidad contraria a las exhumaciones amenaza con prolongar todavía más un calvario que parecía superado gracias a la buena disposición del Gobierno y las decisiones judiciales.